La farmacéutica japonesa Taiyo Seiyaku, fundada en 1958, puso fin a casi siete décadas de actividad tras no poder superar años de deterioro financiero. El Tribunal de Distrito de Tokio ordenó iniciar su procedimiento de quiebra el 30 de septiembre, con deudas de 1.600 millones de yenes.
La compañía, con sede en el distrito tokiota de Bunkyo, nació para desarrollar la fabricación de medicamentos vinculada al negocio mayorista de otra empresa del fundador. Posteriormente amplió sus operaciones y se convirtió también en distribuidora de productos farmacéuticos.
Su catálogo superaba los 300 artículos e incluía medicamentos, productos farmacéuticos de venta libre y soluciones para el cuidado de lentes de contacto. Además, fabricaba algunos productos bajo marcas propias y para otras empresas en su planta de Saitama.
Durante años, el negocio tuvo un importante crecimiento. En el ejercicio de septiembre de 1999, Taiyo Seiyaku alcanzó una facturación de aproximadamente 9.055 millones de yenes. Sin embargo, la competencia y la caída de los precios de los productos para lentes de contacto comenzaron a debilitar sus resultados.
En septiembre de 2010, sus ventas ya habían descendido a unos 3.650 millones de yenes. La pandemia de COVID-19 dio un impulso temporal a la actividad gracias al aumento de la demanda de artículos sanitarios, entre ellos el etanol para desinfección y los productos bactericidas.
Ese repunte permitió alcanzar una facturación de 3.400 millones de yenes en el ejercicio de septiembre de 2021. Sin embargo, la recuperación no fue duradera. Con la disminución de la demanda y un entorno comercial cada vez más difícil, los ingresos volvieron a caer.
La situación se agravó con la reorganización y desaparición de establecimientos del sector farmacéutico. En el ejercicio cerrado en septiembre de 2025, las ventas se redujeron a unos 936 millones de yenes y la empresa registró su tercer año consecutivo de pérdidas. Para 2026, preveía facturar apenas 700 millones.
Ante la falta de liquidez, Taiyo Seiyaku recurrió a la venta de inmuebles, incluida su sede central, que posteriormente volvió a alquilar para continuar utilizándola. También vendió propiedades procedentes de una empresa vinculada, con el objetivo de conseguir fondos para mantener sus operaciones.
La compañía llegó a explorar una posible sucesión empresarial y encontró un patrocinador interesado en hacerse cargo del negocio. Su licencia para la venta de medicamentos constituía uno de los elementos de interés para un eventual comprador. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a concretarse.
Mientras esperaba una respuesta, la empresa acumuló atrasos en sus obligaciones fiscales y otros pagos públicos, además de solicitar a sus proveedores que aplazaran los cobros. Finalmente, al prever que no podría afrontar los compromisos de pago de finales de septiembre, decidió abandonar la actividad.
La resolución judicial del 30 de septiembre formalizó así la quiebra de una compañía que, en su mejor momento, había superado los 9.000 millones de yenes en ventas anuales. (International Press)
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