El Gobierno de Japón aprobó hoy un decreto que establece los requisitos para designar una «segunda capital», capaz de asumir las funciones de Tokio si una gran catástrofe paraliza el centro político del país.
La iniciativa, conocida como «fukushuto» (副首都), busca garantizar la continuidad de las funciones del Estado ante emergencias de gran magnitud. Además, pretende reducir la concentración de población y actividad económica en Tokio y favorecer el desarrollo de otras regiones.
Cuatro jurisdicciones cumplen los requisitos establecidos: Hokkaido, Aichi, Osaka y Fukuoka. Sin embargo, esto no significa que ya hayan sido designadas oficialmente. Las cuatro han manifestado su intención de presentar las solicitudes necesarias para obtener el reconocimiento como segunda capital.
Para obtener la designación, deberán cumplir también las condiciones administrativas previstas. Podrán reorganizar una ciudad designada por decreto gubernamental en distritos especiales, similares a los de Tokio, o establecer un acuerdo de cooperación entre la ciudad y la prefectura antes de presentar la solicitud.
El decreto fija tres criterios principales: contar con un municipio que albergue al menos 14 de los 28 tipos de oficinas regionales de organismos nacionales, disponer de una ciudad cuya población represente al menos el 1,2 % del total nacional y alcanzar un peso económico mínimo del 2,1 % del producto interior bruto japonés.
Este último porcentaje se calcula sobre el promedio de los últimos tres años y corresponde a la proporción que resulta de dividir el PIB nacional entre las 47 prefecturas del país. Además, se excluyen las zonas consideradas de riesgo ante un terremoto directamente bajo Tokio o una erupción del monte Fuji, para reducir la posibilidad de que ambas sedes sufran simultáneamente una catástrofe.
Una vez designadas, las prefecturas recibirán apoyo del Gobierno central para desarrollar instalaciones capaces de sustituir las funciones de la capital, impulsar proyectos urbanos, flexibilizar determinadas regulaciones y fomentar la inversión privada. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta nacional ante emergencias de gran escala.
La ley relacionada con el proyecto entrará en vigor el 30 de octubre. La designación no supondrá el traslado permanente de la capital ni la pérdida de su condición actual por parte de Tokio, sino la creación de una alternativa que permita mantener las funciones esenciales del Estado en caso de una catástrofe. (International Press)
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