El Gobierno de Japón contempla utilizar a miembros retirados de las Fuerzas de Autodefensa como oficiales de vigilancia de inmigración para reforzar las operaciones de detección y control de extranjeros en situación de estancia ilegal.
La iniciativa responde a la severa escasez de personal que enfrenta el servicio migratorio para ejecutar las labores de fiscalización y repatriación, impulsada por el constante incremento de la población extranjera en el país.
AUMENTO DE PERSONAL
Según confirmaron fuentes gubernamentales, la incorporación de exmilitares busca hacer frente a situaciones imprevistas o de riesgo que puedan surgir durante los procesos de deportación de las personas indocumentadas.
A la par de esta medida, el Ejecutivo ultimó un plan para incrementar la plantilla de la oficina de migración en más de 200 efectivos entre oficiales de vigilancia e inspectores, disposición que prevé ser aprobada mediante decisión de Gabinete este 28 de julio.
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGACIONES
Del total de plazas adicionales, cerca de 50 corresponderán a oficiales de vigilancia de inmigración (nyukoku keibikan), los cuales se desplegarán de forma concentrada en la prefectura de Ibaraki, demarcación que registra el mayor número de trabajadores ilegales.
Asimismo, se incorporarán alrededor de 180 inspectores de inmigración (nyūkoku shinsakan) con el objetivo de intensificar las investigaciones sobre la realidad del empleo no autorizado en el territorio nacional.
REGISTRO HISTÓRICO
El endurecimiento de los controles coincide con un aumento sostenido en el número de extranjeros residentes en Japón, indicador que ha marcado máximos históricos por cuatro años consecutivos.
A finales de 2025, la cifra de ciudadanos extranjeros radicados en el archipiélago superó por primera vez en la historia los cuatro millones de personas. (RI/AG/IP/)
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