Un hombre de la ciudad de Kioto demandó a una clínica especializada en fertilidad y a la entidad médica que la administra, alegando que no verificó adecuadamente su consentimiento antes de realizar un tratamiento de fecundación in vitro (taigai jusei) que culminó con el nacimiento de un hijo concebido con el semen de un tercero. El demandante reclama una indemnización de 11 millones de yenes por daños y perjuicios.
Según la demanda presentada el 26 de marzo ante el Tribunal de Distrito de Kioto, la esposa del demandante utilizó documentos falsificados para someterse a tratamientos de fertilidad mientras ambos se encontraban separados y negociaban su divorcio.
El caso ha llamado la atención por tratarse de una situación poco común en la que una clínica habría utilizado semen de un tercero sin conocer que la información proporcionada por la paciente era falsa.
DOCUMENTOS FALSIFICADOS
De acuerdo con la demanda y declaraciones del hombre, la pareja firmó en enero de 2020 un contrato con la clínica para someterse a un tratamiento de fecundación in vitro con el objetivo de tener un segundo hijo.
Tras la fecundación, los embriones fueron congelados para su conservación. Sin embargo, en enero de 2022 la pareja comenzó a vivir separada e inició conversaciones para divorciarse.
Según la acusación, la mujer presentó posteriormente formularios de consentimiento con firmas falsificadas de su esposo para solicitar la transferencia de embriones, aunque el procedimiento no resultó en un embarazo.
Más adelante habría vuelto a falsificar documentos para entregar a la clínica semen de un tercero, presentándolo como si perteneciera a su esposo.
La mujer dio a luz a un segundo hijo en agosto de 2023 mediante un tratamiento realizado con ese material genético.
PROCESO PENAL
El caso salió a la luz durante las negociaciones de divorcio, cuando la mujer informó al hombre que estaba embarazada.
El demandante presentó una denuncia penal y, en abril de 2025, la mujer fue condenada por falsificación y uso de documentos privados con sello oficial. La sentencia fue de un año y seis meses de prisión, suspendida por tres años, y quedó firme.
En una demanda de divorcio paralela, la mujer reconoció por escrito que el niño no tenía vínculo biológico con su entonces esposo. Ese documento fue incorporado como prueba en el nuevo proceso judicial.
El divorcio quedó formalizado el año pasado.
RECLAMO CONTRA LA CLÍNICA
El hombre sostiene que la clínica pudo haber detectado las irregularidades si hubiera confirmado personalmente su consentimiento antes de aceptar una nueva entrega de semen.
En la demanda argumenta que se vulneró su derecho a decidir libremente si quería tener hijos.
Aunque no existe relación biológica entre él y el menor, mantiene el vínculo legal de paternidad en el registro familiar y continúa pagando la pensión alimenticia. El niño permanece bajo el cuidado de la madre.
“El tratamiento de fertilidad implica una enorme responsabilidad porque está relacionado con el nacimiento de una vida. La verificación por parte de la clínica debería haber sido más rigurosa”, declaró a la prensa.
DEBATE SOBRE LOS CONTROLES
La institución médica rechaza las acusaciones y solicita que la demanda sea desestimada.
En su respuesta judicial sostiene que no existe ninguna norma que obligue a realizar verificaciones presenciales o telefónicas del consentimiento del esposo y afirma que no había indicios que permitieran sospechar que el semen pertenecía a otra persona o que el hombre no había autorizado el tratamiento.
La clínica también señaló que demostrará durante el juicio que actuó de manera apropiada. La primera audiencia oral está prevista para hoy 3 de junio.
La Sociedad Japonesa de Obstetricia y Ginecología exige que las parejas reciban explicaciones sobre el tratamiento y otorguen su consentimiento por escrito, pero deja a criterio de cada institución aspectos concretos como la forma de verificar la identidad de los pacientes. (RI/AG/IP/)
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