El gobierno de Japón presentó un proyecto de directrices que define en qué casos podrá revocarse la residencia permanente (eijū shikaku) a extranjeros que incumplan de forma intencional el pago de impuestos y cotizaciones al seguro social. La propuesta aclara que la medida se aplicará únicamente cuando exista una negativa persistente a pagar o se detecten maniobras para impedir el cobro.
La Agencia de Servicios de Inmigración (Shutsunyukoku Zairyu Kanricho) realizará la investigación, escuchará los descargos del residente y remitirá el caso al ministro de Justicia, quien decidirá si corresponde o no retirar el estatus migratorio, informó el diario Sankei citando el documento del proyecto de nuevas directrices.
CUÁNDO SE RETIRARÁ LA RESIDENCIA
Según el borrador de las directrices, la revocación podrá aplicarse cuando, pese a requerimientos formales de pago o medidas de embargo por parte de municipios u otras autoridades, el residente permanente siga sin mostrar voluntad de saldar sus obligaciones tributarias o de seguridad social.
También se contempla el retiro del estatus en casos de:
- Condena penal por evasión fiscal.
- Ocultamiento de bienes u otras maniobras para impedir el cobro de impuestos o contribuciones.
- Moras cuya cuantía, duración o reiteración sean consideradas «socialmente inaceptables».
Las autoridades evaluarán de manera integral el historial del contribuyente, las razones del impago, su situación económica y las acciones adoptadas para regularizar la deuda antes de tomar una decisión.
CASOS EXCLUIDOS
El proyecto también establece claramente los casos en los que no se retirará la residencia permanente.
Quedarán excluidos quienes hayan demostrado voluntad de pago mediante planes de fraccionamiento, estén acogidos a aplazamientos autorizados o atraviesen circunstancias inevitables como enfermedad, desastres naturales o desempleo.
BORRADOR DE LOS DIRECTRICES
| Se prevé retirar la residencia | No se prevé retirar la residencia |
|---|---|
| No muestra intención de pagar incluso tras requerimientos y medidas de cobro. | Ha manifestado voluntad de pago y cumple un plan de pagos o un aplazamiento. |
| Existe una condena por evasión fiscal. | El impago se debe a enfermedad, desastre natural o desempleo. |
| Oculta bienes o realiza actos para impedir el cobro. | Existen causas justificadas ajenas a la voluntad del residente. |
REFORMA DE LA LEY
La elaboración de estas directrices deriva de la reforma de la Ley de Control de Inmigración (Nyukanho), aprobada en 2024, que incorporó como nueva causa de cancelación de la residencia permanente el impago deliberado de impuestos y cotizaciones sociales.
Durante el debate parlamentario, ambas cámaras solicitaron al Ejecutivo definir con precisión los criterios para evitar decisiones arbitrarias y ofrecer seguridad jurídica tanto a los residentes permanentes como a las autoridades.
El gobierno prevé aprobar las directrices definitivas este otoño e iniciar su aplicación en abril de 2027.
Las autoridades insisten en que el objetivo no es sancionar a quienes atraviesan dificultades económicas, sino actuar contra quienes, de forma deliberada, incumplen sus obligaciones fiscales o dificultan su cobro. (RI/AG/IP/)
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