La Comisión de Comercio Justo de Japón (Kousei Torihiki Iinkai) ejecutó una inspección sorpresa a seis de las principales empresas fabricantes de helados del país por sospechas de haber pactado un cartel de precios (kakaku karuteru). Las autoridades investigan si las corporaciones violaron la Ley Antimonopolio (dokusen kinshihou) al coordinar aumentos injustificados en sus productos bajo la fachada del encarecimiento global de las materias primas.
El grupo de compañías señaladas concentra de forma conjunta el 60% de la cuota de mercado nacional.
EMPRESAS IMPLICADAS
Las inspecciones se dirigieron contra cuatro firmas con sede central en Tokio: Meiji, Lotte, Morinaga Milk Industry y Morinaga & Co.; además de Ezaki Glico, radicada en la ciudad de Osaka, y Akagi Nyugyo, ubicada en Fukaya, prefectura de Saitama.
Según fuentes cercanas al caso, los directivos de estas seis empresas habrían mantenido reuniones presenciales e intercambiado correos electrónicos durante los últimos años con el objetivo de pactar de forma fraudulenta los márgenes de ganancia y las fechas específicas para modificar sus tarifas.
CAMUFLAJE PARA EL ALZA
A partir del año 2022, la industria del helado implementó incrementos escalonados en sus productos argumentando el aumento de los costos de producción. Sin embargo, el órgano regulador sospecha que el fenómeno de la inflación fue utilizado como un camuflaje para encubrir una manipulación artificial del mercado.
El mecanismo bajo investigación afectó directamente el precio de venta al público recomendado. En el sistema comercial japonés, cuando este indicador aumenta, se elevan automáticamente los costos de distribución al por mayor destinados a los supermercados y tiendas de conveniencia, obligando en última instancia a los consumidores a adquirir los productos a precios sustancialmente más altos de lo que exigiría la libre competencia.
Tras la irrupción de los inspectores gubernamentales, las seis compañías involucradas confirmaron el procedimiento regulatorio y manifestaron su total disposición para colaborar con el proceso indagatorio en curso.
La Comisión de Comercio Justo continuará con la revisión exhaustiva de los registros financieros y las comunicaciones internas para determinar el impacto real del daño económico y establecer las sanciones correspondientes ante una práctica que afectó de forma directa el bolsillo de la población. (RI/AG/IP/)
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