Bajo el lema «¡No a la xenofobia!», alrededor de 400 personas se manifestaron hoy domingo en el centro de Osaka para protestar contra la reciente ola de políticas gubernamentales que endurecen las condiciones de vida de los residentes extranjeros.
Con consignas como «Detengan la discriminación» y «Protejan los derechos humanos», la marcha recorrió la ciudad partiendo desde el parque Nakanoshima, en el distrito de Kita, convocada por activistas japoneses que apoyan a la comunidad extranjera en la región de Kansai.
La manifestación reunió a una diversidad de voces, tanto de inmigrantes como de ciudadanos japoneses, quienes expresaron su rechazo a lo que consideran un hostigamiento institucionalizado.
Yoshie Hirokawa, abogada especializada en apoyo a refugiados y coorganizadora del evento, denunció ante la prensa local que «el gobierno está avivando la xenofobia para ganar popularidad, aprovechándose de la ansiedad de los ciudadanos ante el rápido aumento de extranjeros».
El descontento social estalla en un contexto contradictorio: mientras Japón enfrenta una grave escasez de mano de obra y la población extranjera sigue en aumento, el discurso de odio se propaga libremente en redes sociales y diversos partidos políticos compiten por proponer medidas cada vez más duras contra los inmigrantes.
Esta hostilidad se ha materializado en el actual proyecto de enmienda a la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, presentado en el Parlamento, el cual incluye golpes económicos severos para los residentes, tales como:
– Aumentar el límite de las tarifas por extensión o cambio de visa de 10.000 a 100.000 yenes.
– Elevar la tarifa del permiso de residencia permanente de 10.000 hasta unos exorbitantes 300.000 yenes.
– Endurecer radicalmente las condiciones para que los extranjeros con visa de negocios puedan gestionar empresas en el país.
Estas alzas desproporcionadas han generado una profunda indignación entre las familias y trabajadores extranjeros ya establecidos en Japón, quienes denuncian que las nuevas cifras son «demasiado injustas» y que, para la mayoría de la clase trabajadora, resulta simplemente «imposible de pagar». (RI/AG/IP/)
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