El gobierno de Japón anunció que revisará la forma en que se aplica la Asistencia Social (Seikatsu Hogo) a personas extranjeras, dentro de un plan para mejorar el control del sistema y conocer con mayor precisión quiénes reciben este apoyo.
La medida forma parte del paquete de políticas sobre “aceptación de extranjeros y convivencia ordenada”, aprobado el 23 de enero en una reunión de ministros relacionada con política migratoria.
El 3 de febrero, el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, declaró en rueda de prensa que el gobierno buscará “comprender la situación real del uso del sistema por parte de extranjeros”.
En Japón, la ley de asistencia social establece que el sistema está dirigido a “todos los ciudadanos japoneses”, por lo que, legalmente, las personas extranjeras no son beneficiarias directas.
La Corte Suprema de Japón también determinó en una sentencia del 18 de julio de 2014 que la ley de asistencia social no incluye a extranjeros dentro de sus beneficiarios.
Sin embargo, desde 1954, una notificación administrativa del entonces Ministerio de Salud permitió otorgar apoyo a extranjeros en situación de pobreza de forma equivalente al tratamiento de la asistencia social, por razones humanitarias.
Este esquema administrativo continúa vigente y permite que algunos extranjeros reciban ayuda bajo condiciones específicas.
¿QUÉ ES EL SEIKATSU HOGO?
El Seikatsu Hogo es uno de los sistemas de seguridad social de Japón. Está destinado a garantizar un nivel mínimo de vida a las personas que se encuentran en situación de pobreza, al mismo tiempo que apoya su proceso de autonomía.
Si, aun utilizando todos sus recursos y capacidades —incluida la posibilidad de trabajar—, los ingresos de una persona quedan por debajo del costo mínimo de vida, el Estado cubre la diferencia mediante un subsidio. Este apoyo puede incluir gastos como alimentación, vivienda y atención médica.
¿QUIÉNES RECIBEN EL SEIKATSU HOGO?
El beneficio se aplica principalmente a tres tipos de residentes: personas con estatus de residencia permanente o familiar, residentes especiales permanentes —principalmente coreanos y taiwaneses asentados desde antes o después de la guerra— y refugiados reconocidos.
Los extranjeros con visas de trabajo u otros estatus temporales, en cambio, no están incluidos dentro de este sistema equivalente de asistencia social.
Datos recopilados por el Banco de Datos de Política Migratoria indican que, de los cerca de 2 millones de beneficiarios de asistencia social en Japón, aproximadamente 65.000 son extranjeros, lo que representa 3,25 % del total en el año fiscal 2023.
La proporción se ha mantenido estable durante la última década en torno a poco más del 3 %.
Por nacionalidad, los beneficiarios extranjeros son principalmente personas de Corea o Corea del Norte (50,9 %), seguidos por China (16,3 %), Filipinas (14,9 %) y Brasil (5,3 %). Estos cuatro grupos concentran 87,4 % del total.
Expertos señalan que gran parte de los beneficiarios de origen coreano son personas mayores de la comunidad coreana residente en Japón, muchas de ellas nacidas o criadas en el país.
En años recientes también se han sumado algunos refugiados y desplazados, como personas procedentes de Ucrania que viven en Japón tras la invasión rusa.
JAPÓN PLANEA UN CONTROL MAYOR
El gobierno planea reforzar el control del sistema utilizando el My Number, el número de identificación personal en Japón, para confirmar estatus migratorio y recopilar información sobre beneficiarios extranjeros.
El Ministerio de Salud prevé iniciar el intercambio de datos mediante este sistema a partir de junio de 2027, una vez que los sistemas de las administraciones locales estén preparados.
El ministro Ueno explicó que “la comprensión precisa de la situación es extremadamente importante”, aunque añadió que todavía no existe una decisión concreta sobre cambiar el alcance del sistema.
Ante preguntas sobre una posible reducción del número de beneficiarios extranjeros, el ministro respondió que esa posibilidad “debe tenerse en cuenta”, pero insistió en que el primer paso será reunir información detallada.
LA REVISIÓN DEL SISTEMA TIENE RIESGOS
La iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones sociales y especialistas.
La red de abogados y expertos Consejo Nacional para Problemas de Asistencia Social emitió el 29 de enero una declaración urgente en contra de revisar el sistema.
Algunas organizaciones advierten que centrar el debate en extranjeros podría crear la impresión de que existe un alto nivel de fraude, algo que no está respaldado por datos oficiales.
Los críticos sostienen que muchos beneficiarios extranjeros han vivido durante décadas en Japón y han contribuido al sistema fiscal y de seguridad social.
El debate sobre la asistencia social a extranjeros se ha convertido así en un nuevo punto de discusión sobre cómo equilibrar la política migratoria con la convivencia social en Japón. (RI/AG/IP/)
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