Los líderes de las principales fuerzas políticas de Japón protagonizaron un tenso debate en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio en el preludio de la campaña electoral que comienza hoy, rumbo a las elecciones generales del próximo 8 de febrero. El encuentro reveló profundas fracturas en torno a dos ejes críticos: la asfixiante subida del coste de vida y la gestión de la creciente población extranjera.
El centro de la disputa económica fue el impuesto al consumo sobre los alimentos. La primera ministra, Sanae Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático (PLD), reafirmó su compromiso de reducir este gravamen del 8% actual al 0% por un periodo de dos años. Takaichi busca implementar esta medida dentro del año fiscal que comienza en abril, presentándola como un escudo necesario para proteger el presupuesto de los hogares. Sin embargo, esta agresividad fiscal ha generado nerviosismo en los mercados financieros, provocando un aumento en las tasas de interés a largo plazo y una depreciación del yen.
Frente a la propuesta oficialista, Yoshihiko Noda, colíder de la recién formada Alianza de Reforma Centrista (CRA), propuso una eliminación permanente del impuesto a los alimentos, financiada a través de un nuevo fondo soberano de inversión. Takaichi calificó el plan de Noda como «poco realista», criticando la intención de la oposición de utilizar activos de la reserva de pensiones de Japón. Mientras tanto, la presión sobre la mandataria aumenta: aunque su aprobación sigue siendo sólida, ha caído ocho puntos hasta el 67% en el último mes, reflejando el desgaste ante la inflación persistente.
LA INMIGRACIÓN SOBRE LA MESA
El debate también expuso una línea de falla social sobre la presencia de ciudadanos extranjeros, que ya rozan los 4 millones en el país. En un equilibrio delicado entre la necesidad de mano de obra y el conservadurismo social, el gobierno de Takaichi ha finalizado un paquete de medidas para endurecer el control migratorio. El plan incluye duplicar el requisito de residencia mínima para la naturalización de 5 a 10 años y endurecer la vigilancia sobre el impago de impuestos y seguridad social entre los residentes permanentes, quienes representan el 20% de los extranjeros en Japón.
La retórica se intensificó con la intervención de Sohei Kamiya, líder del partido populista de ultraderecha Sanseito, quien exigió límites numéricos estrictos a la inmigración. Takaichi respondió defendiendo su plan de «cero estancias ilegales», asegurando que su gobierno traza una «línea clara» entre el orden migratorio y la xenofobia. No obstante, voces dentro de su propio bloque, como la de Fumitake Fujita del Nippon Ishin no Kai, advirtieron contra el riesgo de que las políticas públicas se dejen llevar por las emociones y la exclusión, profundizando las divisiones en la sociedad japonesa.
Este enfrentamiento dialéctico marca el tono de una elección que será un examen de fuego para Takaichi, la primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno en Japón. Entre la urgencia de aliviar el bolsillo de los ciudadanos y la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal, los votantes deberán decidir el 8 de febrero si confían en el camino de la reforma estructural del PLD o si apuestan por los nuevos modelos de financiamiento y control social propuestos por una oposición que huele la vulnerabilidad en las encuestas. (RI/AG/IP/)
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