El Gobierno de Japón ha incluido la optimización de la ayuda de asistencia social, como el seikatsu hogo entre otros, dentro de sus nuevas «Medidas de Respuesta Integral» para la recepción de extranjeros aprobadas este 23 de enero. La estrategia principal consiste en establecer una coordinación digital con las municipalidades para verificar en línea el estatus de residencia de los beneficiarios. Esta medida busca obtener un conocimiento preciso sobre la realidad del uso de la asistencia social por parte de la población extranjera y garantizar que los recursos se asignen de manera adecuada.
Aunque la Ley de Protección de la Vida define a los ciudadanos japoneses como los únicos beneficiarios directos, el Estado extiende este apoyo a ciertos residentes extranjeros por razones humanitarias. Actualmente, quienes poseen estatus de residente permanente, residente de larga duración o han sido reconocidos como refugiados pueden acceder a estas ayudas mediante «medidas administrativas». Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que revisará los criterios y las categorías de visados que califican para recibir estos beneficios económicos en el futuro.
«NO SE TRATA DE ABANDONAR A LOS EXTRANJEROS»
Un alto cargo del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha aclarado que el objetivo de estas reformas no es desamparar a quienes necesitan ayuda, afirmando que no se trata de «abandonar a los extranjeros». El enfoque se centra en la transparencia y la gestión de datos. Según las estadísticas del año fiscal 2023, el número total de hogares receptores de asistencia social en Japón ascendió a 1.650.478, de los cuales 47.317 corresponden a hogares cuyo titular es extranjero, lo que representa un 2,9% del total nacional. La cifra considera tanto a quienes recibieron ayudas circunstanciales como por mayor tiempo.
Este proceso de fiscalización digital permitirá a las autoridades locales confirmar de forma instantánea si el beneficiario mantiene una estancia legal y si cumple con los requisitos de su categoría migratoria. La iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor por profesionalizar la administración pública ante el aumento de la población internacional en el país. Con esta base de datos actualizada, Japón pretende equilibrar la responsabilidad humanitaria con un control riguroso de las finanzas públicas en un contexto de transformación social.
El acceso de los extranjeros a asistencia social ha sido puesto discusión varias veces, pero no ha sido hasta las elecciones pasadas que partidos políticos de ultraderecha y conservadores han cuestionado con mayor intensidad el derecho de los no japoneses a recibir esas ayudas para la sobrevivencia. Ante la proximidad de los comicios adelantados el tema está volviendo a centro del debate. (RI/AG/IP/)
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