La poderosa Federación Empresarial de Japón, Keidanren, decidió retirar el polémico concepto de “hatarakitai kaikaku” (reforma para quienes quieren trabajar), que figuraba en el borrador de sus directrices para las negociaciones salariales de primavera de 2026. La decisión, confirmada hoy, busca evitar un conflicto político y social tras las críticas generadas por declaraciones recientes de la primera ministra Sanae Takaichi, interpretadas como una defensa del exceso de trabajo.
El borrador inicial, presentado a finales de agosto, proponía permitir a los empleados “asegurar más horas de trabajo” si así lo deseaban, con el argumento de responder a una “fuerte motivación laboral”. Sin embargo, la expresión “reforma para quienes quieren trabajar” fue rápidamente señalada como una contradicción frente a los esfuerzos nacionales para reducir las jornadas excesivas.
En su lugar, Keidanren optó por reemplazar el término por “hatarakikata kaikaku no saikochiku” (“reconstrucción de la reforma del estilo de trabajo”), una formulación más prudente y alineada con la agenda oficial de bienestar laboral.
El cambio responde directamente a la polémica desatada por las palabras de Takaichi el pasado 4 de octubre, cuando, recién elegida presidenta del Partido Liberal Democrático, afirmó que esperaba que los japoneses “trabajaran como caballos de tiro” y que “debían abandonar la expresión work-life balance (equilibrio entre trabajo y vida personal)”.
Estas declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y entre los sindicatos, que denunciaron una visión anacrónica del empleo y una falta de sensibilidad ante los problemas de salud mental y el karoshi (muerte por exceso de trabajo).
En su documento revisado, Keidanren enfatiza que las empresas deben mantener los límites legales sobre las horas extras y garantizar la salud de los empleados. La organización subraya además la importancia de “redefinir las formas de trabajar” ante los nuevos desafíos tecnológicos, el envejecimiento poblacional y la escasez de mano de obra.
Con este cambio de tono, busca reconstruir la confianza pública y evitar que las negociaciones salariales del próximo año se vean empañadas por la controversia política. (RI/AG/IP/)
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