Atacan la ley de convivencia con extranjeros planteada por el gobernador Suzuki

La iniciativa del gobernador de Shizuoka, Yasutomo Suzuki, de impulsar un marco legal nacional que garantice la convivencia con los residentes extranjeros en Japón, ha generado una oleada de reacciones en todo el país. Según datos oficiales, hasta la mañana de hoy, 18 de agosto, la prefectura había recibido cerca de 200 correos electrónicos y llamadas telefónicas, en su mayoría críticas, con mensajes como “usar impuestos para apoyar a extranjeros es un error” o “esto es un trato desfavorable para los japoneses”.

El debate surgió tras la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores celebrada a finales de julio en Aomori, donde Suzuki, como líder de un equipo especial, presentó una serie de propuestas para que el Gobierno central asuma un papel más activo en políticas de integración y apoyo a extranjeros residentes.

CIFRAS HISTÓRICAS Y NUEVOS DESAFÍOS

Japón cuenta actualmente con alrededor de 3,77 millones de residentes extranjeros (hasta diciembre de 2024), de los cuales 2,3 millones son trabajadores (octubre de 2024). Ambas cifras marcan récord histórico y muestran un cambio estructural en la demografía japonesa.

Desde la reforma de la Ley de Inmigración de 1989, la presencia de comunidades extranjeras, especialmente en regiones industriales del centro del país, ha ido en aumento. Con ello han surgido desafíos como la enseñanza del idioma japonés, el acceso a servicios públicos, la inserción educativa de las segundas y terceras generaciones, y más recientemente, los problemas asociados al envejecimiento de residentes extranjeros que necesitarán atención médica, pensiones y cuidados.

El gobernador Suzuki subrayó que, mientras el Estado suele ver a los extranjeros como simples “trabajadores”, para los gobiernos locales son también “vecinos y ciudadanos que viven en la comunidad”. Por ello, planteó la creación de una ley básica de convivencia multicultural y de un organismo central de coordinación que permita articular medidas más allá de los esfuerzos aislados de cada municipio.

Los puntos clave de la propuesta son:

1. Reforma del sistema de empleo en formación: garantizar que responda a las necesidades de cada región, permita mayor flexibilidad en sectores productivos y evite la concentración de mano de obra solo en grandes ciudades.

2. Fortalecimiento de la infraestructura de apoyo: ampliar la enseñanza del japonés, asistencia en salud, intérpretes en hospitales y programas educativos inclusivos.

3. Sostenibilidad financiera: asegurar fondos permanentes que permitan a las municipalidades implementar proyectos sin depender de subsidios limitados o temporales.

4. Creación de un ente nacional de coordinación: una autoridad central que unifique las políticas de integración, actualmente dispersas entre distintos ministerios.

REACCIONES Y TENSIONES

Aunque el planteamiento ha sido respaldado por sectores que trabajan en integración social, las críticas ciudadanas reflejan la creciente tensión social en torno a la inmigración, sobre todo desde sectores de la ultraderecha que fue activada en las recientes elecciones al Senado por el discurso racista del Partido Sanseito. Muchos opositores consideran que los recursos fiscales deberían priorizarse en los japoneses, mientras que defensores de la propuesta advierten que negar la convivencia multicultural alimenta discursos de exclusión y xenofobia.

Un portavoz de la oficina de Multiculturalidad de Shizuoka señaló: “Negar la construcción de una sociedad multicultural puede derivar en posturas claramente excluyentes. Es un riesgo que Japón no debería permitirse”.

El debate no solo expone la resistencia cultural hacia la inmigración, sino que plantea un dilema de fondo: ¿cómo sostener el sistema económico y social de Japón en medio de la caída demográfica, sin reconocer a los extranjeros como parte integral de la sociedad?. (RI/International Press)