El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón ha iniciado una investigación nacional sobre la recaudación de impuestos municipales pendientes de extranjeros que salieron del país en 2024, con el objetivo de medir el alcance del problema y diseñar estrategias para evitar la evasión fiscal.
La encuesta, lanzada el 1 de agosto y vigente hasta el 1 de septiembre, abarca a todos los municipios del país. Se enfoca en determinar cuántos trabajadores extranjeros —principalmente aquellos que concluyeron su estancia legal— abandonaron Japón sin pagar el impuesto residencial individual (juminzei) correspondiente al año fiscal 2023.
Este impuesto local se calcula en función de los ingresos obtenidos el año anterior y debe pagarse en el ejercicio fiscal siguiente. En este caso, los residentes que generaron ingresos en 2023 deben cumplir con sus obligaciones tributarias a partir de junio de 2024. Sin embargo, muchos de los trabajadores extranjeros, en su gran mayoría asiáticos, con visas como Tokutei Ginou o Gino Jisshusei habrían abandonado el país antes de cumplir con sus obligaciones fiscales.
El tema fue discutido en la última sesión ordinaria del Parlamento, donde varios legisladores expresaron preocupación por la falta de mecanismos eficaces para asegurar el pago antes de que los contribuyentes extranjeros abandonen el país. La situación pone en evidencia una debilidad estructural del sistema tributario local japonés frente al aumento sostenido del número de trabajadores extranjeros.
Con esta investigación, el gobierno busca no solo cuantificar el monto total de la deuda pendiente y el número de casos de evasión, sino también evaluar cómo mejorar la difusión de la normativa fiscal entre la población extranjera y diseñar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento, incluso en situaciones de salida definitiva del país.
Actualmente, no existe un sistema uniforme que obligue a los empleadores o las autoridades migratorias a verificar el estado tributario de los extranjeros antes de su salida. Esto ha llevado a que, en muchos casos, el impuesto quede sin cobrar y los municipios no tengan forma de recuperarlo. (RI/AG/IP/)
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