Una realidad silenciosa pero creciente golpea con fuerza a la sociedad japonesa: más de la mitad de las personas que reciben ayuda social —conocida como Seikatsu hogo— son adultos mayores. Según cifras del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el 55 % de los beneficiarios corresponde a personas de 65 años o más, es decir, más de 907.000 hogares en situación de vulnerabilidad.
Esta situación revela una peligrosa tendencia que amenaza con agravarse: la precariedad económica de la población envejecida, especialmente entre mujeres mayores que viven solas. Estudios demuestran que las mujeres de más de 80 años son el grupo más representado entre quienes reciben ayuda estatal. La causa principal es una pensión mensual básica que apenas supera los 57.000 yenes (unos 350 dólares), insuficiente para sobrevivir dignamente. Se requiere del seikatsu hogo para compensar los gastos de vida.
El reciente fallo del 27 de junio por parte de la Corte Suprema —que declaró ilegal la reducción del monto de las ayudas sociales impuesta entre 2013 y 2015— ha sido celebrado por expertos, quienes responsabilizan directamente al Estado por vulnerar el derecho a una vida mínima y digna. No obstante, en redes sociales persisten voces que desinforman o estigmatizan a los beneficiarios, acusándolos de “vivir cómodamente sin trabajar”, pese a que la gran mayoría son ancianos sin posibilidad de reinsertarse laboralmente.
SE AVECINA UNA «BOMBA SOCIAL»
Aún más alarmante es el panorama que se avecina. Japón tiene una “bomba social” a punto de estallar: la llamada generación del “hielo” (Hyougaki sedai), compuesta por unos 17 millones de japoneses que vivieron su juventud durante los años de crisis laboral entre los 90 y los 2000. Muchos pasaron décadas en empleos precarios, sin cotizar adecuadamente al sistema de pensiones. Ahora, al llegar a la vejez, podrían solicitar masivamente ayuda social, lo que pondría en jaque la ya debilitada estructura fiscal del país.
Un análisis de la revista Daily Shincho señaló que esta generación podría volverse insostenible para el sistema si no se aplican reformas urgentes y estructurales. «Estamos hablando de millones que no recibirán ni pensiones mínimas», advirtió.
El caso también ha reabierto el debate sobre el diseño de las ayudas. Aunque la ley establece que el objetivo es “garantizar un mínimo de vida” y “promover la autosuficiencia”, los expertos recuerdan que estos principios no pueden aplicarse sin matices. Pensar que una persona de 85 años puede reintegrarse a la fuerza laboral para dejar de depender del Estado es una visión que no resiste ningún análisis ético ni realista.
Por otro lado, se ha desmentido rotundamente que la mayoría de los receptores de esta ayuda sean extranjeros o que exista un abuso generalizado del sistema como se decía en redes sociales y que era alimentado por publicaciones hechas por grupos ultraconservadores y anti inmigrantes. (RI/AG/IP/)
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