El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra tres individuos presuntamente vinculados con un complot para asesinar al expresidente Donald Trump, según informaron hoy las autoridades. Los acusados incluyen a Farhad Shakeri, agente de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien reside en Irán, y a dos hombres que viven en Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, la Guardia Revolucionaria habría instruido a Shakeri para que en la segunda mitad de septiembre comenzara a vigilar a Trump y planeara su asesinato. Los documentos judiciales indican que la organización iraní habría pedido a Shakeri que entregara un plan detallado del atentado en un plazo de una semana, el 7 de octubre. Si no lograba presentar el plan en ese plazo, debía posponer el asesinato hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los presuntos conspiradores habrían calculado que, en caso de una derrota electoral de Trump, su seguridad podría disminuir tras los comicios, facilitando así el ataque.
Shakeri, según las investigaciones estadounidenses, aseguró que no tenía intención de cumplir con el plazo de entrega del plan de asesinato, lo que evitó que la conspiración avanzara. Los otros dos sospechosos han sido detenidos en territorio estadounidense.
Esta acusación se suma a las tensiones que persisten entre ambos países, exacerbadas por las políticas de línea dura que Trump implementó contra Irán durante su administración. Entre las medidas más controvertidas destacan la retirada unilateral del acuerdo nuclear de 2015 y la imposición de severas sanciones económicas, lo que ha alimentado el resentimiento de Teherán hacia la figura del exmandatario.
El equipo de campaña de Trump, que ha anunciado su intención de participar en las próximas elecciones, había sido advertido durante la contienda electoral de que existía una posible amenaza de asesinato orquestada por agentes iraníes. Las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones y mantienen vigilancia sobre posibles actividades extranjeras que pudieran poner en riesgo la seguridad de altos funcionarios y candidatos. (RI/AG/IP/)