Como era de esperarse, el Tribunal Constitucional, (TC) máximo órgano de la justicia peruana ordenó la inmediata libertad del expresidente Alberto Fujimori, preso en una celda del penal de Barbadillo en Ate, resolviendo -en última instancia- un recurso de reposición presentado por la defensa de Fujimori la última semana de noviembre de este año.
Para el tribunal, Alberto Fujimori además ha cumplido más de dos tercios de la pena, (condenado a 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta) su salud está resquebrajada y tiene una avanzada edad, 85 años.
Refiere también que la decisión dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2022, pidiéndole al Estado peruano que se abstenga de la liberación de Fujimori, “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y se advierte una “falta de competencia” del tribunal extranjero.
El TC precisa que “queda fuera de su competencia (de la Corte) ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional”. Agrega que, en virtud de esa falta de competencia, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, el TC dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno pues, parece que tendremos a Alberto Fujimori libre después de muchos intentos -de sus abogados- por conseguir su libertad, luego de su extradición de Chile. Fujimori lleva preso más de 15 años en el penal de Barbadillo, lugar donde también están, en calidad de procesados e investigados, otros dos expresidentes: Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
Sin embargo, la decisión del TC de liberar a Fujimori ha despertado antipatías en un gran sector de la población y de seguro convocarán a movilizaciones en contra de tal medida.
Pero ¿puede la Corte de San José pronunciarse por esta decisión del TC y ordenar que Fujimori vuelva a prisión, tal como ocurrió luego del indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Según refieren los expertos en el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) no puede ordenar al Tribunal Constitucional del Perú sobre esta nueva decisión. Es más, el tribunal peruano señala que materialmente, el Ejecutivo no puede evitar tampoco la excarcelación de Fujimori porque no puede someterse a una resolución. Sí a una sentencia, sí a un tratado, pero esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tal “no es de obligatorio cumplimiento”.
Al respecto, allegados al Ejecutivo sostienen que el gobierno de Dina Boluarte no va a impedir el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, a través de una resolución de último momento enviada al gobierno peruano pide que se abstenga de ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori.
El documento en mención, sobre el que deberá pronunciarse el Ejecutivo, señala que la decisión del TC no debe ejecutarse hasta que se analice si cumple con las condiciones establecidas en la resolución del 7 de abril de 2022.
Sin embargo, la CIDH no ha tenido tiempo para reunirse y emitir una resolución sobre este tema de la libertad de Alberto Fujimori. El pedido lo hace Pérez Manrique, en su intento de impedir la liberación de Fujimori.
Tremendo lío y responsabilidad en el que pone el CIDH al gobierno peruano una vez más. Y vamos, también cómo queda Alberto Fujimori al enterarse seguramente de todos estos intentos por tratar de impedir una vez más su tan ansiada libertad. Podríamos decir que sus derechos humanos también están siendo vulnerados y que somos una República independiente que mantiene sus decisiones y respeta las de los distintos poderes del Estado.
Al final, esperamos que predomine la cordura y se cumpla las decisiones del Tribunal Constitucional nos guste o no.
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