Fue la propia niña de 11 años la que se armó de valor y decidió contar su tragedia a un familiar para después denunciar a su padrastro, Lucas Pezo Amaringo de 41 años por violación ante la policía de Loreto. Pero no fue este solo acto lo que generó una corriente de opinión en los medios masivos y organizaciones afines a la defensa de los derechos del niño, sino también el hecho que una Junta Médica del Hospital Regional de Loreto le negara a Mila su derecho al aborto terapéutico.
El caso cruzó fronteras y llegó hasta la ONU, organismo que se pronunció el 8 de agosto, señalando que “la maternidad forzada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es segura y que atenta contra la integridad de la persona”. De manera que exhortó al Estado peruano a evaluar nuevamente la decisión tomada en el caso de Mila.
Mila fue trasladada a Lima a pedido de su familia para una nueva evaluación médica, y luego de conocerse otros pronunciamientos condenatorios a la decisión tomada por los médicos del hospital de Loreto, el MINSA (Ministerio de Salud) informó que, en una segunda evaluación realizada en el Instituto Nacional Materno Perinatal, se determinó que la niña, que tiene 18 semanas de gestación, podrá ser sometida a un aborto terapéutico para evitar “un mal grave o permanente en su salud física y mental”.
Lo cuestionable en este caso es que la niña ha tenido que vivir cuatro años de constantes abusos sexuales por parte de la pareja de su madre para que un familiar (la prima) acompañe a la menor y se atreva a denunciar este execrable hecho el pasado mes de julio. Una niña que vive en completo estado de abandono, ignorada por la propia madre y que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, de tener acceso a salud y a una defensa legal. Una niña totalmente desprotegida, como debe haber muchas en este país que están en el anonimato.
En el colmo de tanta desgracia para Mila, el sujeto acusado de violar a la menor, Lucas Pezo Amaringo, se encuentra no habido, luego de que un juez de Loreto lo dejara en libertad
En medio de todo este revuelo que ha causado mucha indignación entre la gente, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura contra la menor abusada sexualmente por su padrastro en Loreto.
Y es que, en el colmo de tanta desgracia para Mila, el sujeto acusado de violar a la menor, Lucas Pezo Amaringo, se encuentra no habido, luego de que un juez de Loreto lo dejara en libertad. Conocidos estos hechos, la presión mediática ha obligado prácticamente a la Corte Superior de Justicia de Loreto, revisar en los próximos días el pedido de prisión preventiva contra el agresor de la menor.
Estamos en pleno siglo XXI y todavía en el Perú no tenemos reglas claras para aplicar criterios que permitan actuar con rapidez a los profesionales de la salud, como en el caso de Mila, poniendo en riesgo la vida y el futuro de una niña con un embarazo no deseado, producto de una agresión sexual. También hay una gran responsabilidad en el Ministerio de la Mujer que no tiene a personas calificadas al frente de las Unidades de Protección Especial, (UPE) ubicadas de manera descentralizada en las diversas regiones del país, que con un total desconocimiento de leyes de protección que amparan a las menores de edad, emiten opinión generando aún más confusión y desconsuelo en la víctima.
En el caso de Mila, la directora de la UPE Loreto, Lisbeth Mori habría dicho que en este caso el aborto no era una solución, por lo que ha sido separada del cargo.
Hay una sumatoria de hechos que impiden tratar con profesionalismo casos como los de Mila y desde varios frentes se pide la revisión de la norma para que las mujeres violadas tengan derecho al aborto terapéutico, pues la guía actual solo se aplica cuando está en riesgo la vida, pero no se considera la salud mental de la víctima.
Según cifras del Ministerio de Salud, 1.625 menores de 15 años dieron a luz el 2022 y a febrero de este año 1.112 niñas y adolescentes han sido violentadas sexualmente. Los números en estos casos siguen en aumento y no hay una política de Estado que le ponga freno a este infierno en el que viven miles de niñas en el país.
¿Dónde están las mujeres congresistas defensoras de los derechos de la mujer que pueden aportar con proyectos de ley o reformas en defensa de las niñas abusadas sexualmente? No se escuchó una sola voz que defendiera a la pequeña Mila.
