Utilizó todos los recursos que tuvo a mano para impedir su extradición al Perú. Sin embargo, el ex presidente Alejandro Toledo tuvo que rendirse ante la decisión del juez Thomas H. Hixson, de la Corte del distrito de California (EEUU), para entregarse y responder a la justicia peruana por los presuntos actos de corrupción cometidos en el caso de los tramos 2 y 3 de la vía Interoceánica, licitación ganada irregularmente por la empresa brasileña Odebrecht.
“No le corro a la justicia, pero le pido que no me maten en la cárcel”, fue lo último que expresó Alejandro Toledo en declaraciones a algunos medios periodísticos en los EEUU antes de entregarse a la justicia americana.
Según ha declarado la última semana su abogado en Lima, Roberto Su, Alejandro Toledo padece de cáncer y otras enfermedades de cuidado desde hace varios años y recibe medicación para su tratamiento, motivo por el cual Toledo ha pedido que le cambien la prisión preventiva por el arresto domiciliario, mientras dure el proceso. Toledo pide igual trato que otros acusados como es el caso de los exgobernantes, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski que cumplen arresto domiciliario por similares actos.
Sin embargo, será un equipo médico el que evalúe finalmente el estado de salud de Alejandro Toledo para determinar si permanece en prisión en el penal de Barbadillo donde también están recluidos Alberto Fujimori (condenado) y Pedro Castillo (prisión preventiva) o se decide por darle arresto domiciliario, considerando su estado de salud y su condición de ex presidente.
Toledo, residente estadounidense de 77 años de edad, abandonó el Perú el año 2017 y es preciso señalar que no fugó del país como algunos pretendieron hacer creer. Cuando dejó el país, Toledo no tenía ningún impedimento de salida. La orden de captura internacional se dio meses después de ser pública su estancia en los Estados Unidos, donde trabajaba como docente universitario junto a su esposa Eliane Karp.
No se trató de una huida sino de un descuido de las autoridades peruanas que le ha costado al país la friolera de 2 millones de soles, gastos que demandaron la contratación de un estudio de abogados en los EEUU (Foley Hoag) que se encargó de la defensa de los intereses del Estado a lo largo de todo el proceso de extradición.
Ahora, le toca a la justicia peruana cuidar que el proceso que se le seguirá al ex presidente Toledo sea limpio y transparente, y de no politizarlo para demostrar al mundo la seriedad con la que actúan los jueces y fiscales en el Perú, y que, a diferencia de otros países de América Latina, acá sí van a la cárcel los gobernantes corruptos.
A Toledo le espera una prisión preventiva de 18 meses ordenada por el juez peruano Richard Concepción Carhuancho y donde la fiscalía lo acusa de recibir 35 millones de dólares por licitar a favor de Odebrecht, (empresa brasileña) y pide para él 20 años de cárcel.
Aunque el líder de la «chakana» ha dicho en todos los términos que es inocente de lo que se le acusa, lo cierto es que lo sindican de cometer actos de corrupción. El ex superintendente de Odebrecht Jorge Barata, ha declarado a los fiscales el 2019 que Toledo recibió sobornos a través del extinto empresario y amigo personal Josef Maiman, quien pasó a ser colaborador eficaz en su intento por no ir a prisión, confesando sus delitos y embarrando a su otrora amigo Alejandro Toledo. ¡Sálvenos Dios de esa clase de amigos! y tener cuidado de los fáciles, grandes y tentativos negocios que se ofrecen, pues de seguro no es nada lícito.
Volviendo al caso de la Interoceánica, esta era una gran obra que pretendía unir comercialmente al Perú y Brasil y extender sus negocios a los mercados de Asia a través del Pacífico. Sin embargo, la gran inversión que demandó la construcción de esta vía (unos 4.500 millones de dólares) no ha sido fructífera para el Perú. La vía no es muy utilizada por Brasil aumentando así los cuestionamientos de que esta carretera fue ejecutada para que Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora, sea el gran beneficiado y se llene los bolsillos de plata.
Y pensar que todo empezó a tejerse con la asunción de mando en Brasil del Partido de los Trabajadores (PT) que llevó a Lula Da Silva al poder. No era la conquista esperada, por el contrario, se sirvieron del poder para infiltrarse en los gobiernos de casi toda América, arrastrando consigo a gobernantes y altos funcionarios.
La justicia tarda, pero llega al final. Esperemos que para Toledo también se pueda dar. Y, si lo encuentran culpable, pues permanecerá entre las rejas hasta cumplir su condena.
