En abril de 2013, una adolescente de 17 años, estudiante de una preparatoria en la prefectura de Kumamoto que era víctima de ijime, se suicidó.
El gobierno de Kumamoto encargó a un comité que investigara el incidente y sus circunstancias.
El reporte estuvo listo en 2015, pero la prefectura borró los nombres de los estudiantes involucrados en el bullying, entre otra información.
Desde entonces, la familia de la chica libra una batalla legal contra Kumamoto para que se divulguen los nombres de los ocho compañeros de la suicida sindicados por hostigarla.
La familia obtuvo fallos favorables en el Tribunal de Distrito de Kumamoto y el Tribunal Superior de Fukuoka, señala Mainichi Shimbun.
El gobierno siempre apeló, pero el Tribunal Supremo de Japón dio por zanjado el asunto dándole la razón a la familia.
La decisión legal se conoció esta semana.
El gobierno de Kumamoto sostenía que la divulgación de los nombres obstaculizaría la investigación y el cumplimiento de sus deberes. (International Press)
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