Los gobiernos de izquierda de Colombia, México, Argentina y Bolivia emitieron un comunicado conjunto sobre la situación en Perú que defiende a Pedro Castillo aduciendo que se violaron sus derechos humanos, no condena el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre y no menciona a Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú.
Perú respondió a estos cuatro países a través de un comunicado que Pedro Castillo incurrió en «decisiones contrarias al orden constitucional y democrático» que constituyen un golpe de Estado como «disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas».
En consideración de lo anterior, el Congreso de la República, dijo el comunicado de la Cancillería, tomó la decisión de declarar la vacancia de Pedro Castillo “en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones”.
Asimismo, se expuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció como necesaria “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”, según un comunicado emitido el 8 de diciembre de 2022, un día después del fallido de golpe de Estado.
Perú rechazó así la narrativa de los cuatro países que en su comunicado conjunto restaron la responsabilidad que Castillo tiene en su intento de quebrantar el orden constitucional de su país. (International Press)
COMUNICADO CONJUNTO DE COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA Y BOLIVIA
Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú.
Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.
Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.
Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado».
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RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL PERÚ A LOS CUATRO PAÍSES
«Comunicado Oficial 010-22
Con relación al comunicado conjunto emitido por un grupo de países en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores puntualiza lo siguiente:
Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado. Generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
Atendiendo el consenso existente en el Perú, la Presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024.
El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú.
El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país».
