Pareja de congresistas del PLD detenidos por sobornos en la campaña electoral

Anri y Katsuyuki Kawai

Los fiscales japoneses arrestaron este jueves al exministro de Justicia, Katsuyuki Kawai y su esposa Anri, legisladora del PLD en la Cámara Alta, por cuestiones de financiamiento ilegal de la campaña electoral del año pasado, que ha sido un duro golpe para el primer ministro, Shinzo Abe.

La pareja ha renunciado al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) para hacer frente a las acusaciones.


Las autoridades sospechan que Katsuyuki, diputado de 57 años, sobornó a miembros de una asamblea local que lo ayudaron con la exitosa campaña que en julio del año pasado llevó a su esposa al Senado.

Los fiscales alegan que el diputado entregó un total de 25 millones de yenes (US$234.000) en efectivo a alrededor de 100 personas, en su mayoría alcaldes locales y concejales en su distrito electoral, lo que podría violar la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas.

El diario Nikkei dijo que Katsuyuki entregó parte del dinero en efectivo y en persona en las oficinas y hogares de los funcionarios locales con el pretexto de ayudarlos en su actividad política o felicitarlos por las recientes victorias electorales.


Tanto Katsuyuki como Anri han negado las acusaciones de soborno durante el interrogatorio voluntario.

El conocimiento del caso obligó a Katsuyuki Kawai a renunciar al cargo de Ministro de Justicia en octubre pasado. El alto funcionario era asesor de política exterior de Abe.

Los legisladores no pueden ser arrestados en plena legislatura sin el consentimiento parlamentario, por lo que los fiscales esperaron hasta la clausura de las sesiones de ayer para proceder a la detención.


Anri, de 46 años, tiene además otra acusación de que su secretario pagó más de lo legalmente permitido a los voluntarios que hicieron campaña por ella en las furgonetas de altavoces. El secretario fue declarado culpable por una Corte, lo que aumenta la posibilidad de que la elección de la esposa del exministro sea declarada nula.

La ley japonesa limita de manera estricta el financiamiento de la campaña electoral para la garantizar las condiciones de igualdad de los candidatos. (Agencias)



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