El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, puede quedar despojado de su cargo el próximo jueves 21 si el Congreso aprueba destituirlo por «incapacidad moral permanente» al presuntamente haber ocultado vínculos con Odebrecht en su época de ministro del exmandatario Alejandro Toledo.
El pleno del parlamento peruano admitió hoy con 93 votos a favor y 17 en contra el pedido de vacancia (destitución) de Kuczynski, quien, en un mensaje a la nación difundido este jueves, anunció que no iba a abdicar frente a las presiones del fujimorismo, que lo amenazó con destituirlo si no renunciaba.
La moción contó con el apoyo del partido fujimorista Fuerza Popular, que domina el hemiciclo con mayoría absoluta, y también de otros partidos menores de la oposición como el Frente Amplio, Alianza por el Progreso y el Partido Aprista.
Los promotores de la iniciativa consideran que Kuczynski «faltó a la verdad» al negar en repetidas ocasiones cualquier vínculo con Odebrecht, que esta semana reveló haber pagado más de 782.000 dólares en consultorías entre 2004 y 2007 a Westfield Capital, empresa del mismo Kuczynski.
En ese período, el actual mandatario de Perú se desempeñaba como ministro de Economía y luego primer ministro del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional por supuestamente haber recibido sobornos por valor de 20 millones de dólares de Odebrecht
El pedido de destitución fue admitido pese a las voces contrarias de la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio (PPK), cuyo portavoz, Gilbert Violeta, denunció que se busca hacer un «juicio político» a Kuczynski para destituirlo «de manera abusiva», sin respetar sus derechos fundamentales ni las mínimas garantías.
Si la destitución es aprobada, dado que la oposición tiene la mayoría de votos necesaria por el apoyo del fujimorismo, sería llamado a asumir el cargo el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien es actual embajador en Canadá.
Vizcarra escribió hoy en Twitter que «el Perú es más grande que sus problemas» y ratificó su «compromiso es con la gobernabilidad» del país.
Las asesorías brindadas por la consultora de Kuczynski salieron a la luz por un documento de la empresa brasileña remitido a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, a la que el presidente se había negado a declarar hasta esta semana.
Según esa información, la empresa Westfield Capital cobró más de 782.000 dólares en consultorías entre 2004 y 2007, y luego hizo una transferencia a una cuenta bancaria de Kuczynski por 380.000 dólares poco después de que dejara el gabinete de Toledo en 2007.
El gobernante había negado previamente haber hecho cualquier tipo de consultoría para Odebrecht hasta que el pasado sábado, cuando reconoció haber asesorado a través de First Capital a H2Olmos, empresa del grupo Odebrecht concesionaria del proyecto de riego de Olmos.
El grupo investigador del Congreso también aseguró que Odebrecht indicó que entre 2005 y 2013 se hicieron pagos por asesorías a la empresa First Capital, del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por más de 4 millones de dólares.
El jueves, el mandatario aseguró que la información difundida es falsa y que los contratos firmados por Westfield Capital con Odebrecht estuvieron a cargo de su exsocio Sepúlveda, pero que él no estuvo al tanto de su gestión.
El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos.
Fruto de las investigaciones, los predecesores de Kuczynski también están inmersos en sospechas, como Toledo, Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima; y Ollanta Humala, en la cárcel por presunta financiación irregular de sus campañas. EFE
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