En el pasado año fiscal (abril 2015-marzo 2016), el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón detectó la cifra récord de 43.938 casos de fraude relacionados con el cobro de prestaciones sociales.
Un aumento de 917 con respecto al ejercicio fiscal previo, según la NHK.
Pese a ello, el monto de las prestaciones ilícitas cayó a 148 millones de dólares (4,2 millones de dólares menos), o 0,4 % del presupuesto total destinado a la ayuda social.
El aumento no se atribuye necesariamente a que más gente esté defraudando al Estado, sino a una inspección más rigurosa por parte de las autoridades locales para detectar irregularidades.
En el 46 % de los casos, las personas no declararon ingresos procedentes de sus trabajos y en el 19 % omitieron declarar sus pensiones.
En el 13 % declararon ingresos por debajo de lo que percibían. También hubo casos en que no se reportaron los ingresos de los arubaitos de los hijos. (International Press)
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