Tres años después de que un terremoto de 9 grados y el tsunami posterior causaran uno de los peores accidentes atómicos de la historia en la planta japonesa de Fukushima, el Gobierno nipón se dispone a reactivar sus centrales y a depender de nuevo de la energía nuclear.
A su llegada al poder, en diciembre de 2012, el primer ministro, Shinzo Abe, apuntó tímidamente que su Gobierno meditaría retomar o no la vía atómica a lo largo de los tres próximos años.
Apenas 15 meses después, la decisión parece ya tomada, pese a que las encuestas reflejen que entre el 45 y el 55 por ciento de los japoneses es contrario a la reactivación de los reactores y las consecuencias del desastre atómico aún están muy presentes en el noreste del país.
Hoy mismo, los medios nipones han destacado que en el último año más de medio millar de evacuados por la crisis nuclear de Fukushima han presentado nuevas denuncias contra el Estado japonés y contra la operadora de la planta de Fukushima, Tokyo Electric Power (TEPCO), por los daños causados por el accidente.
El Gobierno parece determinado, en cualquier caso, y la mejor prueba es el reciente borrador del que será el primer plan energético trazado tras el accidente y en el cual se califica la energía nuclear como «una fuente eléctrica importante» y se defiende la reactivación de los reactores detenidos desde 2011.
De este modo, está previsto que paulatinamente los 48 reactores que posee el país en la actualidad vayan retornando a la actividad a lo largo de este año.
Para ello Japón ha tenido que crear un nuevo órgano regulador de la energía nuclear que sustituyera a la Agencia para la Seguridad Nuclear e Industrial (NISA), duramente criticada tras el accidente de Fukushima por depender del Ministerio de Industria, que tradicionalmente promovió el uso de la energía nuclear.
El nuevo organismo, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), ha sido el encargado de elaborar los nuevos criterios de seguridad, más estrictos, que los reactores deberán cumplir para volver a operar comercialmente.
Pese a que el nuevo borrador propone impulsar las renovables y no establece claramente en qué nivel se quiere depender de lo nuclear, este enfoque parece dejar en la cuneta el objetivo que se marcó el Gabinete del antecesor de Abe, Yoshihiko Noda, que consistía en abandonar la energía nuclear en la década de 2030.
El actual jefe de Gobierno llegó al poder con el idea primordial de sacar a la economía nacional de un letargo de dos décadas y es con ese argumento con el que Abe ha sustentado la necesidad de volver a depender de la fisión nuclear.
Entre las cifras que lo sustentan se cuentan los 19 meses consecutivos de déficit comercial cosechados por Japón, país que tradicionalmente ha sido una potencia exportadora y que ahora registra saldos negativos en parte por el fuerte desembolso que debe realizar para adquirir combustibles fósiles.
Éstos sirven para alimentar las centrales térmicas que han tenido que compensar la falta de generación nuclear -antes del accidente de Fukushima un 30 por ciento de la electricidad en Japón venía de las plantas atómicas- desde 2011.
De este modo, el país asiático gastó a lo largo de 2013 en hidrocarburos 27,43 billones de yenes (193.144 millones de euros o 267.639 millones de dólares) lo que supone un 57,6 por ciento más con respecto a 2010.
Entre tanto, la planta de Fukushima, donde avanzan día a día unas labores de desmantelamiento que llevarán tres o cuatro décadas, ha registrado este año nuevas fugas de agua radiactiva que hacen dudar aún sobre el control de la crisis en el recinto.
Una incertidumbre que le pesa aún más a las cerca de 50.000 personas que residían en torno a 10-20 kilómetros de la central y que permanecen evacuadas sin saber aún, tres años después del accidente, si podrán o no volver a sus casas algún día. EFE
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