El 82 % de japoneses pide su revisión o eliminación
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, defendió el lunes la ley de secretos oficiales, recientemente aprobada por el Parlamento en medio de una fuerte polémica, que consideró necesaria para intercambiar información con otros países.
Abe aseguró además que hará todos los esfuerzos para alejar la preocupación de los japoneses en torno a una ley que contempla penas de prisión de hasta 10 años para aquellos funcionarios que filtren información considerada confidencial y de cinco para los ciudadanos que colaboren en la filtración.
Durante una rueda de prensa, el primer ministro conservador explicó que es necesario generar confianza en otros países para poder intercambiar con ellos información con el fin de hacer frente a amenazas de seguridad, según la agencia Kyodo.
La ley aprobada por el Parlamento el pasado viernes ha recibido una respuesta sin precedentes por parte de grupos de escritores, editores, periodistas, abogados, actores, directores de cine y ciudadanos de Japón.
Una encuesta publicada por la agencia Kyodo muestra como el 82 por ciento de los japoneses quiere la revisión o la abolición de una ley que se considera un intento del Ejecutivo japonés de controlar a la prensa.
Una prueba del rechazo y polémica generada es la casi unanimidad de los editoriales de los diarios nipones que ha criticado duramente la nueva ley durante su rápida tramitación parlamentaria.
El Gobierno aprobó la nueva norma el pasado 25 de octubre y logró pasar por las dos cámaras del Parlamento en poco más de un mes, a pesar de las numerosas peticiones de partidos políticos y de la opinión pública para que el debate se prolongara y se hiciera con mayor profundidad.
La cuestionada norma califica de «secretos especiales» toda información sensible en materia de diplomacia, defensa, contraespionaje y lucha contra el terrorismo, y duplica las penas para aquellos funcionarios que filtren información.
La responsabilidad de establecer qué información entra dentro de la categoría de «secretos especiales» recae en los ministros y en los directores generales de las agencias públicas.
La anterior ley nipona sobre esta materia, aprobada en 2001, contemplaba penas de cinco años para este tipo de delitos y tan solo se refería a la información sobre seguridad nacional manejada por el Ministerio de Defensa.
El intento de aprobar una nueva ley de secretos oficiales surgió después de que un funcionario del servicio guardacostas filtrara en 2010 en internet un vídeo que mostraba como un pesquero chino embestía a dos patrulleras niponas cerca de las islas Senkaku, territorio cuya soberanía se disputan Tokio y Pekín. (EFE)
