Iniciativa es apoyada por legisladores de varios partidos
El esposo de Tamako Maekawa, Hideki, un investigador de 48 años, se suicidó en enero del año pasado. Profesor de la facultad de ingeniería de la Universidad de Tohoku, Hideki perdió su laboratorio en el terremoto del 11 de marzo de 2011.
Desde entonces, comenzó a trabajar intensamente para reconstruir su sitio de trabajo. Su esposa recuerda, en testimonio que recoge Mainichi Shimbun, que con frecuencia lo encontraba dormido con la cabeza apoyada en su laptop.
A mediados de 2012, su dedicación rindió sus primeros frutos. Hideki llevó a su esposa y su hijo de 14 años al nuevo laboratorio, ubicado en un edificio prefabricado.
Sin embargo, el investigador se derrumbó cuando la universidad le informó de que el laboratorio sería cerrado en dos años, tiempo insuficiente para completar el proyecto de cinco años en el que estaba involucrado. Alrededor de dos semanas después de mostrarle con orgullo el nuevo laboratorio a su familia, aplastado por la depresión, decidió quitarse la vida. Tamako recuerda que en la última conversación que mantuvieron, él le dijo que cuidara al hijo de ambos.
La viuda presentó una solicitud para que se reconociera que la muerte de su esposo había tenido motivaciones laborales. En octubre del año pasado, el gobierno relacionó el suicidio de Hideki con el exceso de trabajo.
Pese a que su demanda fue admitida y recibió una compensación, para Tamako el caso aún no se ha cerrado. La mujer se ha unido a otras familias de víctimas del exceso de trabajo para pedir la aprobación de una ley que impida que trágicos casos como el de Hideki se repitan.
Tamako revela a Mainichi que su hijo deseaba seguir los pasos de su padre. Sin embargo, tras su muerte, parece haber perdido el anhelo de convertirse en un científico. Asimismo, manifiesta que le gustaría que Japón fuera una sociedad en la que se pudiera vivir de una “manera humana”.
La campaña a la que se ha sumado Tamako para que se establezca una ley contra el exceso de trabajo ha recolectado más de 460.000 firmas y recibido el apoyo de legisladores de nueve partidos políticos, que planean unir sus fuerzas tras las elecciones a la Cámara Alta, programadas para julio, para sacar adelante la norma.
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