La clase política nipona no quiere que los extranjeros se queden en Japón, afirman
Andrés Sánchez Braun / EFE
Pese a su alta tasa de envejecimiento, Japón ha aprobado este verano una nueva ley que estrecha el control sobre los extranjeros y amenaza con complicar la supervivencia de los «sin papeles» en este país, donde apenas existe debate sobre inmigración.
La norma, en vigor desde hace apenas dos meses, tiene como principal novedad que a partir de ahora el Ministerio de Justicia, además de otorgar los visados, es también el encargado de expedir una nueva tarjeta de residencia, que sustituye a la antigua emitida por las administraciones locales.
Este documento de identidad da derecho a escolarización gratuita, subsidios o servicios de salud, y sin él un extranjero no puede abrir una cuenta corriente, comprar un móvil o renovar el carné de conducir en Japón.
Sin embargo, tener un visado válido es ahora indispensable para su obtención, lo que deja sin esta valiosa cédula a los «ilegales», que ONG y otras asociaciones calculan son unos 80.000 o 90.000 de entre los cerca de dos millones de extranjeros que viven en Japón.
El Gobierno nipón ha subrayado que incluso aquellos sin visado válido tienen por ley acceso garantizado a los servicios más básicos, pero expertos y ONG coinciden en que los Ayuntamientos no podrán brindarlos si el solicitante es incapaz de acreditar un domicilio en esa localidad o distrito.
La nueva norma exige además a los extranjeros notificar en un plazo de 90 días cualquier cambio de domicilio, o de lo contrario el visado les será retirado; como nota positiva, el periodo de renovación pasa de tres a cinco años en muchos casos.
El cambio en la ley también dificultará a los «sin papeles» el acceso a los empleos escasamente remunerados de los que depende la mayoría de ellos, pues ahora quienes contraten extranjeros, con o sin papeles, sin notificarlo a la Oficina de Inmigración se enfrentan a importantes multas o hasta tres años de cárcel.
Especialmente dura se presenta la situación para aquellos en busca de asilo en un país que lo concede con cuentagotas: de las 1.867 personas que lo solicitaron en 2011 (la mayor cifra histórica desde que el país comenzó a aceptar peticiones en 1992), solo 21 lo obtuvieron.
De este modo, la medida, destinada a centralizar el control sobre los foráneos, añade un importante elemento disuasorio para quienes planeen emigrar y probar fortuna en la tercera economía mundial, y amenaza con convertir a los residentes en situación ilegal en «fantasmas» de cara a la administración, según las ONG.
«Puede haber latinoamericanos entre esos indocumentados, aunque pocos, dado que la mayoría tiene visado al tener linaje nipón o por ser parientes de alguien que lo tiene», explica a Efe Eunice Ishikawa, profesora del Departamento de Cultura Internacional en la Universidad de Shizuoka de Arte y Cultura.
Sin embargo, muchos pueden tenerlo más difícil para renovar sus visados, apunta Ishikawa, ya que el nuevo sistema puede permitir al Ministerio de Justicia denegar las renovaciones de manera mucho más arbitraria.
La experta considera que la crisis favorece esto en uno de los pocos países del primer mundo que ha fraguado su vertiginoso desarrollo sin ayuda de inmigrantes, que siempre ha mantenido un férreo control de sus fronteras y en el que los extranjeros representan solo un 1,6 por ciento de la población.
En ese sentido, Ishikawa apunta que «antes de la nueva ley ya se estaban buscando razones para no renovar los visados» de algunos de los 210.000 brasileños (la tercera minoría en Japón) o 52.000 peruanos (la quinta) que residen en el país.
Pese a la alarmante tasa de envejecimiento de Japón, los grandes partidos tratan de proponer todo tipo de programas para estimular la natalidad y evitan pronunciar siquiera la palabra «inmigración» en sus programas ante el miedo a perder votos.
«Los políticos están preocupados por el tema del envejecimiento, pero persiste ese sentir de que Japón es un país de una raza única», apunta Ishikawa, quien opina que esta nueva ley es una demostración más de que, en el fondo, la actual clase política nipona «no quiere que los extranjeros se queden en Japón».
