Movimiento antinuclear, aunque reducido, se ha fortalecido en el último año
Andrés Sánchez Braun / EFE
El recelo hacia la radiactividad en los alimentos y el ambiente ha crecido progresivamente en Japón desde la crisis desatada hace un año en la central nuclear de Fukushima, mientras un movimiento antinuclear, reducido pero persistente, cuestiona con ahínco el uso de la energía atómica.
Hasta el momento, el peor accidente nuclear en 25 años ha dejado casos de contaminación en carne vacuna, té, arroz y leche en polvo infantil, aunque las autoridades han descartado que los niveles detectados supongan un importante riesgo para la salud.
Eso no ha impedido que aumente la desconfianza de los consumidores, por lo que el Gobierno ha decidido que a partir del próximo 1 de abril, más de un año después del accidente, entrarán en vigor límites más estrictos para los alimentos.
El nivel máximo de cesio en productos como la carne, las verduras o el pescado se establecerá en 100 bequereles por kilo (cinco veces menos que el límite actual), en 50 bequereles para la leche y los alimentos infantiles (cuatro veces menos), y en 10 bequereles para el agua (20 veces menos).
Para garantizar la seguridad alimentaria, la imposición de límites claros ha sido reclamada insistentemente por algunos productores del noreste del país, donde cada vez más empresas y agricultores emplean sus propios equipos de detección de material radiactivo.
En el caso de Fukushima, la administración provincial aprobó recientemente la instalación de más de 100 instrumentos de medición en toda la región para revisar cada bolsa de arroz que se coseche en la zona antes de ponerse a la venta, una medida que también reclaman muchos granjeros en las provincias vecinas.
Además, para calmar los temores sobre la radiación ambiental, se han instalado 2.700 estaciones de medición en distintos puntos de Fukushima que permiten, a través de internet, consultar en tiempo real los niveles de contaminación (radiomap.mext.go.jp/ja).
Las consecuencias del accidente en Fukushima Daiichi han aumentado además el recelo de los nipones hacia las plantas atómicas y los grupos antinucleares, aunque no muy amplios en un país poco habituado a los movimientos contestatarios, cuestionan cada vez con mayor ahínco el uso de esta energía.
Ya sea a través de manifestaciones periódicas, que en Tokio suelen congregar a miles de personas y que cuentan con el apoyo de intelectuales como Kenzaburo Oé, o de sentadas ante ministerios, los grupos contrarios a la fisión nuclear han ganado visibilidad en el último año.
Y son más aún los japoneses que desconfían de la seguridad en las centrales nucleares, pese a que tras el accidente el Gobierno todavía no ha autorizado la reactivación de ninguno de los reactores detenidos por revisiones regulares, lo que ha dejado apenas dos operativos en todo el país.
Ante los llamamientos para reforzar la seguridad, el Ejecutivo impuso nuevas pruebas de resistencia para evaluar la respuesta de las centrales ante desastres naturales, pero éstas no han convencido hasta ahora a los gobiernos locales, que se oponen a reactivar los reactores hasta que no haya más verificaciones.
La Comisión de Seguridad Nuclear de Japón ha indicado además que las pruebas efectuadas solo evalúan los equipos esenciales para mantener la seguridad en caso de desastre y han pedido una segunda ronda de exámenes para evitar otro accidente como el de Fukushima.
El refuerzo de las medidas de prevención no se limita sólo al ámbito nuclear: Tras el terremoto y posterior tsunami de hace un año, que dejó casi 20.000 víctimas, Japón, uno de los países mejor preparados para estas catástrofes, se ha replanteado sus mecanismos de detección sísmica y de tsunamis.
En la actualidad la Agencia Meteorológica de Japón prepara un nuevo sistema de alerta de tsunamis a raíz de lo ocurrido inmediatamente después del seísmo de marzo, cuando el organismo advirtió de que el agua sólo alcanzaría los seis metros de altura en la provincia de Miyagi y los tres en las de Iwate y Fukushima.
El nuevo sistema, que entrará en vigor a finales de 2012, reducirá desde 8 hasta 5 los niveles de alerta de tsunami y, cuando la magnitud de un seísmo no pueda determinarse con exactitud, se emitirá una «alerta máxima» que instará a resguardarse o a evacuar la zona de inmediato.
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