El número de casos pendientes que superan los seis meses sin recibir una resolución de compensación laboral alcanzó los 2.329 expedientes a finales de enero pasado, una cifra que duplica los registros de hace cinco años.
Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, las Oficinas de Inspección de Normas Laborales se encuentran desbordadas y son incapaces de procesar el acelerado incremento de solicitudes actuales, lo que retrasa la asistencia financiera a los empleados afectados.
RETRASOS EN EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN
El seguro de accidentes de trabajo es un sistema estatal financiado por los empleadores para cubrir los costos médicos y subsidios de empleados lesionados, enfermos o fallecidos en el ejercicio de sus funciones. Las patologías psiquiátricas derivadas del hostigamiento laboral o el fallecimiento por exceso de trabajo (karōshi) forman parte de esta cobertura.
Aunque el plazo estándar para determinar la validez de un reclamo es de un mes para bajas médicas y cuatro meses para indemnizaciones por deceso, las autoridades catalogan como «casos pendientes a largo plazo» a aquellos que exceden el medio año.
Esta estadística pasó de 1.169 casos en 2021 a mantenerse por encima de los 2000 incidentes anuales desde 2023, prolongando el desamparo económico de los damnificados.
EXPLOSIÓN DE DEMANDAS Y FALTA DE PERSONAL
El trasfondo del colapso operativo radica en la complejidad para evaluar afecciones ligadas al estrés laboral, especialmente las denuncias por acoso de poder. Las solicitudes de índole grave durante el año fiscal 2025 escalaron a 6.212 peticiones, más del doble de las 2.835 registradas en el año fiscal 2020, debido a que tomar las declaraciones de superiores y compañeros de trabajo consume demasiado tiempo.
En contraste, la plantilla de inspectores de normas laborales asignada para el año fiscal 2026 se fijó en 3.145 oficiales, reflejando un aumento de apenas el 3,4 % en el último lustro. Este déficit provocó que en el año fiscal 2024 las inspecciones presenciales regulatorias cubrieran menos del 5 % de las 3,82 millones de empresas activas en el país.
Ante la crisis, el ministerio emitió una notificación oficial a las oficinas laborales del país en marzo para agilizar los diagnósticos. La estrategia busca optimizar los recursos disponibles mediante la omisión de informes escritos en litigios de fácil resolución y la implementación obligatoria de entrevistas telefónicas con los involucrados.
Con esta flexibilización, las autoridades pretenden liberar tiempo del personal para concentrarlo exclusivamente en el esclarecimiento de los siniestros laborales de mayor gravedad. (RI/AG/IP/)
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