El drástico endurecimiento en los requisitos de capital para abrir negocios en Japón ha golpeado de gravedad a los pequeños emprendedores extranjeros, provocando que las solicitudes mensuales del visado de «Gestión y Administración» (keiei kanri) se desplomen en un 96%.
Esta contracción responde a una profunda reestructuración del sistema de estatus de residencia impulsada por el gobierno japonés para frenar esquemas de fraude migratorio, pero cuya severidad pone en jaque la supervivencia de trabajadores y empresas en regiones con escasez crónica de mano de obra.
DESPLOME HISTÓRICO
En octubre del año pasado, el Ministerio de Justicia y la Agencia de Servicios de Inmigración modificaron las directrices del visado para operadores comerciales. El capital mínimo indispensable pasó de más de 5 millones de yenes a más de 30 millones de yenes, lo que representó un incremento de seis veces su valor anterior.
La repercusión estadística fue inmediata: entre octubre del año pasado y finales de marzo de este año, el promedio de nuevas solicitudes mensuales cayó a unas 70 peticiones, registrando un descenso del 96% frente a las cifras previas a la entrada en vigor de la norma.
ASFIXIAN AL EMPRENDEDOR LEGÍTIMO
Informes de las autoridades migratorias japonesas señalan oficialmente que esta intervención responde a la política oficial de «convivencia ordenada».
Sin embargo, se intenta erradicar las denominadas empresas de papel creadas por intermediarios exclusivamente para obtener visados de residencia sin ejercer una actividad mercantil real, así como combatir el impago y la evasión de impuestos y primas de seguridad social.
Al exigir una base patrimonial de 30 millones de yenes, el Estado pretendió garantizar la solidez financiera de los operadores; no obstante, el nuevo filtro terminó asfixiando financieramente a pequeños emprendedores legítimos.
AUMENTO DE TASAS Y RETORNO FORZADO
Las restricciones no se limitan a los empresarios. A partir de octubre, las tarifas oficiales de solicitud y renovación de visados experimentarán un fuerte incremento. Asimismo, el estándar de ingresos anuales exigido para acceder a la residencia permanente se elevará notablemente, pasando de 10.000 yenes a 200.000 yenes, unas 20 veces más.
El endurecimiento sobre inmigrantes técnicos y directivos no da tregua, obligando a un flujo ininterrumpido de extranjeros a optar por el retorno forzoso a sus países. Frente a esta realidad, dueños de negocios empleadores y comunidades extranjeras en Shizuoka manifiestan una honda preocupación ante el riesgo de parálisis en sectores productivos dependientes del personal internacional. (RI/AG/IP/)
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