El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, declaró hoy el estado de excepción en todo el territorio nacional, autorizando el despliegue de las fuerzas militares para desbloquear las carreteras y restaurar el orden público.
La drástica medida busca contener el grave caos económico derivado de 50 días consecutivos de protestas y manifestaciones, las cuales han bloqueado rutas neurálgicas del país, profundizando severamente la crisis política e institucional de la nación sudamericana.
AMPLIACIÓN DE PODERES
La emisión del estado de emergencia expande de forma inmediata las facultades constitucionales del presidente Paz para hacer frente a la alteración del orden, permitiéndole enviar de forma directa tropas del ejército para remover los cercos viales.
Aunque el decreto gubernamental entra en vigor de manera automática desde el momento de su publicación, el jefe de Estado tiene la obligación legal de notificar la medida al Congreso en un lapso no mayor a 24 horas.
Tras la correspondiente notificación, el Parlamento dispondrá de un plazo estricto de 72 horas para evaluar la situación y determinar la aprobación o el rechazo definitivo de la orden ejecutiva.
DESABASTO CRÍTICO
Los sectores civiles movilizados, integrados de forma principal por grupos sociales estrechamente vinculados al expresidente izquierdista Evo Morales, mantienen obstruidas las principales carreteras de tránsito nacional, lo que ha dejado a cientos de camiones de carga completamente varados en las rutas.
Como consecuencia directa de estos bloqueos de vía, la capital, La Paz, y diversas provincias del territorio boliviano registran interrupciones críticas en el suministro y abastecimiento diario de alimentos esenciales, combustibles y medicamentos básicos para la población.
ORIGEN DEL CONFLICTO
Este agudo conflicto social se originó semanas atrás, cuando la administración de Paz abolió repentinamente los históricos subsidios estatales a los combustibles con el propósito de reducir el déficit fiscal de la nación, en medio de una alarmante escasez de dólares que ha forzado al Gobierno a entablar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A pesar de que las autoridades intentaron frenar el descontento implementando medidas de estabilización de precios de los carburantes y retirando una impopular reforma agraria, las protestas se expandieron masivamente. Actualmente, los manifestantes condicionan el cese de las movilizaciones a un incremento general de salarios, soluciones efectivas a la falta de divisas y combustibles, y la renuncia inmediata del presidente. (RI/AG/IP/)
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