El gobierno nacional de Bolivia puso en marcha este sábado el operativo estratégico denominado «Corredor Humanitario de las Banderas Blancas» en la carretera troncal que interconecta Oruro con La Paz.
La intervención civil y policial tiene como premisa fundamental el despeje inmediato de las vías fundamentales terrestres para garantizar el abastecimiento prioritario de alimentos, medicamentos de alta complejidad y oxígeno clínico hacia los centros hospitalarios de la sede de Gobierno y de la ciudad de El Alto, poblaciones que sufren los rigores del desabastecimiento provocado por los cercos.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, precisó que la operación gubernamental se diseñó bajo un esquema pacífico, contando con el acompañamiento logístico de las Fuerzas Armadas y la veeduría de la Asamblea de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica.
Para la remoción física de los obstáculos, la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) movilizó maquinaria pesada. No obstante, la tensión persistió en zonas críticas como Senkata y Ventilla, donde grupos de manifestantes reinstalaron los cercos lanzando piedras contra transportistas particulares, obligando a las fuerzas policiales a utilizar agentes químicos de dispersión.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, recalcó que la prioridad gubernamental sigue siendo restablecer las rutas mediante el diálogo, evitando confrontaciones estériles.
La crisis social en el altiplano ha despertado un fuerte debate entre los ciudadanos locales. Mientras algunos habitantes justifican las protestas, la mayoría expresa alivio ante el despliegue de seguridad debido al alza desmedida en el precio de la canasta básica, la paralización del comercio minorista y el cierre forzoso de universidades y negocios.
EVO MORALES DETRÁS DE TODO
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, denunció la ejecución de un «plan macabro» de asfixia logística diseñado deliberadamente para derrocar a la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira.
De acuerdo con los informes de inteligencia civil presentados en coordinación con el Ministerio de Defensa, las autoridades bolivianas sostienen que los bloqueos en la red vial fundamental no responden a reivindicaciones sociales legítimas, sino a una estrategia de desestabilización política dirigida desde el Trópico de Cochabamba, el principal bastión del expresidente Evo Morales.
El Ejecutivo afirmó que este complot busca forzar las condiciones materiales para un golpe de Estado mediante el estrangulamiento económico de los principales centros urbanos, provocando de manera sistemática la escasez artificial de combustibles, la restricción en el flujo de divisas y el desabastecimiento de la canasta básica alimentaria.
INACCIÓN DEL EJECUTIVO
Entre tanto, el descontento ante la inacción del gobierno central frente a los manifestantes se extendió formalmente hacia el oriente del país. Durante la multitudinaria «Marcha por la democracia» celebrada en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó un severo ultimátum al Palacio de Gobierno, otorgando un plazo impostergable hasta el domingo para levantar de forma definitiva los bloqueos a nivel nacional.
El líder cívico cruceño advirtió que, de no existir resultados concretos, miles de ciudadanos organizados saldrán a desbloquear las carreteras interdepartamentales por cuenta propia, rechazando de forma categórica que el Estado continúe negociando con sectores violentos y ratificando que la sociedad civil defenderá firmemente la institucionalidad frente a cualquier intento de derrocamiento político. (RI/AG/IP/)
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