La entrada en vigor en 2024 de la reforma de la Ley de Inmigración aceleró las deportaciones en Japón; menores sin estatus legal, incluso nacidos y criados en el país, enfrentan ahora un miedo creciente a la expulsión.
Emma, estudiante de tercer año de secundaria, contó su historia en Mainichi: “Quiero explicar mi situación y que me entiendan, pero si hablo de mi estatus temo que me vean como enemiga”.
Ella y su familia carecen de residencia y están en libertad provisional. Llegó desde Nigeria en tercer grado; su solicitud de asilo fue rechazada y depende de organizaciones civiles para subsistir.
Al revelar a un compañero que debía acudir a inmigración, escuchó: “¿No eres también una inmigrante ilegal?”. “Sé que lo dijo sin pensar, pero me hirió mucho”, recordó.
Quienes están en libertad provisional no pueden trabajar ni acceder a gratuidad escolar. El “Proyecto de Becas para Estudiantes en Libertad Provisional” apoya desde 2023 con 10.000 yenes mensuales a alumnos sin recursos.
NINGUNA UNIVERSIDAD LOS ACEPTA
Unos 20 universitarios tutelan a 25 estudiantes; también acompañan procesos de ingreso a la educación superior. Emma aspira a estudiar literatura inglesa, pero varias instituciones rechazaron su postulación.
Según la tutora Kato Miwa, en 2024 ocho de 13 aspirantes fueron rechazados; en 2025, seis de nueve. “En la práctica, la razón es la falta de estatus”, afirmó.
Las universidades alegan ausencia de precedentes o riesgo de impago. “Dan muchas explicaciones, pero al final es por el estatus”, lamentó Emma.
En mayo de 2025, la Agencia de Servicios Migratorios lanzó el plan “Cero Inmigrantes Irregulares” (Zero Plan); busca duplicar deportaciones con escolta oficial hasta 2027, desde 249 casos registrados en 2024.
«SIENTO QUE PUEDE TOCARME…»
Entre enero y agosto de 2025 hubo 203 deportaciones con escolta de agentes de inmigración; 42 eran solicitantes de asilo y siete menores de 18 años.
“Con el Zero Plan están deportando a mucha gente a gran velocidad; ahora siento que puede tocarme”, dijo Emma. La tutora Hoshi Sakura advirtió que discursos como “Los extranjeros que no cumplen reglas deben irse” ganan fuerza.
Docentes también reportan impactos. Una maestra en Saitama relató que dos alumnos nacidos en Japón salieron del país tras la deportación familiar; una niña kurda de ocho años partió en enero tras la expulsión de su padre.
“Está deprimida; casi no habla”, contó la docente, quien presentó peticiones al Ministerio de Justicia para frenar deportaciones de padres con hijos escolarizados, sin éxito.
Aunque la ley permite a menores sin estatus asistir a escuelas públicas, la aplicación depende de cada centro. “No debemos herir a niños inocentes”, sostuvo la maestra. (RI/AG/IP/)
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