La organización Gaikokujin Jinkenho Renrakukai (Red de Enlace sobre Derechos Humanos de Extranjeros) exigió hoy al gobierno de Ibaraki anular el sistema de recompensas por denunciar extranjeros ilegales, programado para comenzar oficialmente en abril próximo.
La entidad defensora de los derechos humanos envió una severa declaración diciendo que el sistema «promueve la discriminación y hace que los residentes se conviertan en informantes» de sus vecinos.
El documento señala que esta nueva política prefectural «otorga un respaldo oficial a la delación». Alertan sobre el inmenso y destructivo impacto social que sufrirán las comunidades locales.
Los activistas advierten que «es evidente que los extranjeros serán mirados con sospecha, dividiendo a los residentes y destruyendo la confianza entre las personas» bajo esta implacable vigilancia.
La declaración critica duramente a las autoridades japonesas. Denuncia que la prefectura, que debería servir y proteger a sus habitantes, se está transformando cruelmente en una hostil agencia de seguridad.
Muchos trabajadores caen en irregularidad tras escapar de abusos o acoso laboral. El sistema «los aleja de los lugares de consulta y apoyo, empujándolos a la adversidad» e ignorando su vulnerabilidad. (RI/AG/IP/)
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