El gobierno japonés anunció una asistencia de hasta 516 millones de yenes (unos 3,3 millones de dólares) para fortalecer la lucha contra organizaciones criminales asentadas en el Sudeste Asiático, en momentos en que las estafas sofisticadas dentro de Japón alcanzan niveles récord.
La ayuda, canalizada mediante cooperación financiera no reembolsable, se dirigirá a Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam, países señalados como bases operativas de redes que coordinan fraudes telefónicos y digitales dirigidos también a víctimas japonesas.
El Ejecutivo busca contener la expansión de delitos transnacionales que operan desde el extranjero, pero generan pérdidas millonarias en territorio japonés. Las autoridades reconocen que la estructura flexible de estos grupos dificulta su desarticulación sostenida.
La asistencia será gestionada a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), con un presupuesto máximo equivalente a 516 millones de yenes.
Delphine Schantz, representante regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico de la UNODC, advirtió que las organizaciones delictivas se adaptan rápidamente a la presión policial y trasladan sus operaciones cuando aumenta la vigilancia.
Schantz subrayó que, ante esta capacidad de reubicación, resulta imprescindible una respuesta sostenida, coordinada y multilateral que impida que las redes encuentren nuevos vacíos regulatorios o territorios con menor capacidad de fiscalización.
El plan contempla construir una base para la cooperación internacional mediante el despliegue de equipo especializado necesario para las investigaciones relacionadas con el fraude, capacitación del personal y el establecimiento de directrices de procesamiento comercial, entre otros.
Japón enfrenta actualmente cifras históricas de víctimas de estafas, fenómeno que ha elevado la presión política para reforzar la cooperación internacional y atacar las bases logísticas que permiten operar a estas organizaciones desde el exterior.
Hasta ahora, el sistema de seguridad nipón viene actuando con lentitud e inoperancia ante las bandas de delincuentes que ingresan al país camuflados como turistas y trabajadores aprendices, mientras distrae a la opinión pública responsabilizando al conjunto de los extranjeros de los crímenes de unos cuántos.
Esta situación ha servido de caldo de cultivo para los políticos de ultraderecha y conservadores para pedir votos a la ciudadanía y llegar al Congreso japonés. (RI/AG/International Press)
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