En un momento en que el gobierno de Sanae Takaichi redefine el futuro del país, un simposio en Tokio ha puesto al descubierto las profundas grietas del sistema de integración nipón. El exministro de Justicia, Keisuke Suzuki, inauguró el foro con una advertencia severa hacia el Estado. Suzuki declaró que los próximos años serán un periodo «extremadamente crucial» donde se pondrá a prueba la verdadera capacidad de ejecución y comunicación del gobierno para gestionar la convivencia con los residentes extranjeros.
El punto más crítico del encuentro llegó con la intervención del profesor Keizo Yamawaki, de la Universidad Meiji, quien informó que la política respecto a los extranjeros en Japón posee una «estructura dual». Según explicó el académico, durante muchos años se ha mantenido en el país un discurso contra la política de inmigración, mientras que, en la práctica, la aceptación y el asentamiento de extranjeros han progresado constantemente.
Esta discrepancia entre las palabras y los hechos ha provocado una profunda desconfianza pública hacia el gobierno y el agotamiento de las administraciones locales. En suma, hay una realidad social que pone en duda el conocimiento que el gobierno y la oposición conservadora tienen sobre la vida en común que hoy tienen inmigrantes y japoneses en muchas partes de Japón.
Parte de esta realidad se refleja en el crecimiento explosivo de ciertas categorías de visados. Shinako Fukuhara, directiva de la Agencia de Servicios de Inmigración, reveló que el estatus de «Trabajador Calificado Específico Nº 2» (Tokutei Gino 2-go), que permite el asentamiento permanente con la familia, se multiplicó por 3,7 veces en solo seis meses, pasando de 832 personas a finales de 2024 a 3.073 en junio de 2025. Los números demuestran que, aunque el discurso oficial sea cauto, la permanencia definitiva de extranjeros es una realidad en marcha.
Este análisis podría ser incluso más determinante si considera el importante desarrollo ha obtenido un significativo número de inmigrantes de primera y segunda generación de los nikkeis sudamericanos.
DRAMA DE LAS FAMILIAS Y COLAPSO EDUCATIVO
En el simposio se dijo que la presión social se concentra en el visado de «Estancia Familiar» (Kazoku Taizai), que ya supera las 325.401 personas y representa más del 8% de todos los extranjeros en Japón. En la última década, esta cifra ha crecido 2,4 veces, lo que ha generado una crisis educativa sin precedentes. Durante el simposio, investigadores de la prefectura de Aichi denunciaron que existen zonas con cerca de cien niños extranjeros que no entienden absolutamente nada de japonés, mientras que el apoyo institucional es casi nulo.
La precariedad del sistema es alarmante: en muchos municipios, los asistentes lingüísticos sólo pueden visitar las escuelas una vez cada dos semanas. Esta situación ha llevado a los expertos a exigir que el gobierno central establezca la enseñanza del japonés como una asignatura oficial y cree plazas para docentes con formación especializada, similar a los modelos de certificación profesional que existen en países como Estados Unidos o Australia para gestionar la integración de inmigrantes.
EL DILEMA SEMÁNTICO DE «IMIN»
El debate final se centró en la resistencia cultural a la palabra «inmigrante» (Imin). El profesor Toshihiro Menju, de la Universidad Internacional de Kansai, señaló que existe un «dilema de la inmigración» que el gobierno debe resolver definiendo claramente un nuevo modelo de residente para el futuro. La dificultad reside incluso en el lenguaje, ya que el término japonés para inmigrante no distingue entre el que llega de forma temporal y el que lo hace de forma permanente, lo que alimenta el miedo y el rechazo en la opinión pública.
Desde la Agencia de Inmigración reconocieron que su labor ha tenido que transformarse para ofrecer un apoyo vital que acompañe al extranjero en todas las etapas de su vida, incluyendo el parto y la crianza. La conclusión del simposio fue una llamada a la honestidad política: Japón no puede seguir ignorando la realidad de su transformación social. El éxito de la nación dependerá de su capacidad para cerrar la brecha entre el discurso de negación y la realidad de una sociedad que ya es, en la práctica, multicultural. (RI/AG/IP/)
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