El Ministerio de Salud de Japón impulsa una reforma para disminuir el uso de tratamientos y medicamentos cuya eficacia científica se considera limitada. El objetivo es contener el aumento del gasto sanitario y evitar efectos adversos innecesarios en los pacientes.
Estas prácticas, conocidas en la política sanitaria como “baja utilidad clínica” (低価値医療 Teikachi Iryo), incluyen prescripciones y procedimientos que se continúan realizando por ampliación de criterios, costumbre o presión social, a pesar de que los estudios muestran un beneficio reducido.
Entre los ejemplos señalados oficialmente figuran los antibióticos para resfríos o diarreas agudas y algunos analgésicos utilizados en casos de dolor lumbar sin carácter neuropático.
En este último caso, se ha citado la pregabalina, recetada en Japón tanto para fibromialgia como para dolor lumbar, lo que ha generado inquietud entre pacientes y especialistas: si bien la crítica se centra en su poca efectividad para ciertos tipos de lumbalgia, no se ha aclarado si la revisión afectará también a quienes la requieren por fibromialgia, una condición crónica reconocida y altamente invalidante.
Para abordar este problema, el Ministerio solicitará a las sociedades médicas que identifiquen tratamientos y pruebas con bajo valor terapéutico, con base en investigaciones nacionales e internacionales. Posteriormente, la Central Social de Seguros Médicos evaluará si estos servicios deben mantenerse dentro de la cobertura del seguro público o si es necesario endurecer los requisitos para su reembolso.
Las reformas se concretarán en la actualización de la tarificación médica prevista para 2028, lo que podría traducirse en que algunos procedimientos dejen de estar cubiertos o que su indicación requiera evidencia clínica más estricta. Además, se exigirá a las prefecturas incluir metas de reducción dentro de sus planes de optimización de gastos, comparando resultados regionales para impulsar mejoras.
Según estimaciones de un grupo de investigación encabezado por el profesor Atsushi Miyawaki, el coste anual de este tipo de atención asciende a más de 100.000 millones de yenes, recursos que podrían destinarse a tratamientos con mayor efectividad. Sin embargo, los expertos advierten que la implementación deberá ser cuidadosa, ya que existen pacientes que dependen de ciertos fármacos por falta de alternativas, y ello requiere una transición responsable.
El Gobierno confía en que este enfoque permita elevar la calidad de la atención y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario en un país con población cada vez más envejecida. (International Press)
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