Cada vez más trabajadores en Japón sufren los efectos del llamado kasuhara (abreviación de “customer harassment” o acoso de clientes), un fenómeno que va desde agresiones verbales y exigencias desmedidas hasta amenazas de muerte. La situación ha llevado a varias prefecturas a impulsar ordenanzas para proteger a empleados públicos y privados frente a estos abusos, informó Kyodo.
Una operadora de un centro de atención telefónica pública recibió una amenaza directa: “Voy a prender fuego ahí”, dijo un usuario molesto. No es un caso aislado. Llamadas de más de seis horas, exigencias de disculpas de rodillas y campañas de difamación en redes sociales forman parte del patrón.
EXCESO DE EXIGENCIAS Y QUEJAS
En Tokio, una empleada de una aseguradora fue retenida seis horas por una clienta molesta. En otro caso, un hombre mayor la enfrentó con gritos durante tres horas por un contrato de hace tres décadas. «A veces la raíz del problema sí es un error de la empresa, por eso es difícil decir si es acoso o no», reconoció la trabajadora.
Expertos señalan que el problema se agrava por la cultura de “el cliente siempre tiene la razón”. Según el profesor Hiromi Ikeuchi, de la Universidad de Kansai, citado por Kyodo, este desequilibrio de poder ha normalizado abusos que van desde insultos hasta violencia física o amenazas.
UN FENÓMENO CON GRAVES CONSECUENCIAS
Una encuesta de la unión laboral UA Zensen reveló que muchas víctimas del kasuhara experimentan secuelas emocionales y físicas: insomnio, visitas al psiquiatra, e incluso casos extremos que han llevado a suicidios reconocidos como accidentes laborales.
En respuesta, varios gobiernos locales han comenzado a actuar. Tokio aprobó en 2024 la primera ordenanza del país para prevenir el kasuhara. Define claramente las conductas inaceptables, como insultos, retención prolongada, exigencias humillantes o difamación online, y establece responsabilidades para empresas, trabajadores, clientes y autoridades.
Entre tanto, ya están trabajando en sus propias medidas las prefecturas de Hokkaido y Gunma, y otras prefecturas como Aichi, Mie, Iwate, Tochigi, Saitama, Shizuoka y Wakayama
Una de las medidas más severas la adoptó la ciudad de Kuwana, en Mie. Desde abril, su ordenanza permite revelar públicamente el nombre de quien incurra repetidamente en actos de acoso tras haber sido advertido. “Es una forma de disuasión. Solo se aplicará en casos graves”, explicó un funcionario.
A nivel nacional, el gobierno japonés también analiza reformas legales para obligar a las empresas a prevenir estos abusos como parte de su política laboral. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
