La propuesta del gobierno japonés de entregar una nueva ronda de ayudas económicas por el aumento del costo de vida ha provocado una intensa polémica. Aunque la medida aún no ha sido formalizada, el plan de entregar entre 30.000 y 100.000 yenes por persona ha desatado críticas de la oposición, especialmente por la posibilidad de que también incluya a residentes extranjeros.
Durante una sesión en el Parlamento el 14 de abril, el senador Hirofumi Yanagisawa, del partido opositor Nippon Ishin no Kai, advirtió que si se otorgan 100.000 yenes a cada residente en Japón, 3,6 millones de extranjeros también serían elegibles, lo que representaría un gasto de 360.000 millones de yenes (aproximadamente 2.400 millones de dólares) exclusivamente para los inmigrantes. Según sus cálculos, desde 2020 se han destinado más de 400.000 millones de yenes en ayudas públicas a extranjeros residentes.
¿AYUDA SOLO PARA LOS JAPONESES?
El senador cuestionó que el gobierno utilice el término «ayuda para el pueblo japonés» mientras el dinero también se entrega a personas que no tienen la ciudadanía. “Si se dice que es una ayuda para proteger la vida del pueblo japonés, no tiene sentido incluir a todos los residentes sin distinción”, dijo Yanagisawa. Además, señaló que en anteriores programas, como los impulsados durante la pandemia y ante la inflación, los residentes extranjeros también fueron incluidos sin que se aclararan públicamente los criterios de elegibilidad.
Por eso, pidió una reforma legal que establezca claramente que las ayudas económicas nacionales deben dirigirse únicamente a ciudadanos japoneses, y no a todos los residentes por igual. “No se puede seguir entregando dinero público de forma tan laxa en medio de una crisis fiscal”, afirmó.
El primer ministro Shigeru Ishiba rechazó las acusaciones de que se trata de una estrategia electoral: “No estamos considerando esto como una ‘maniobra de campaña’, como algunos sugieren”, dijo en la Comisión de Presupuesto. Afirmó que cualquier nuevo plan de pagos tendrá en cuenta tres factores: disponibilidad de recursos, impacto de la medida y definición precisa de los beneficiarios.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Katsunobu Kato, explicó que la inclusión de residentes extranjeros busca facilitar la distribución rápida del dinero y reducir la carga administrativa para los gobiernos locales, que serían los encargados de gestionar la entrega.
Sin embargo, descartó crear una regla general sobre quién puede o no recibir este tipo de ayudas, señalando que: “El contenido del apoyo varía según el objetivo de cada política. Por eso, establecer un criterio único aplicable a todas las medidas no sería adecuado”.
¿QUIÉN DEBE RECIBIR LAS AYUDAS?
Pese a la explicación del Ejecutivo, Yanagisawa insistió en que la falta de claridad legal ha generado un desajuste entre el propósito declarado de las ayudas —proteger a los ciudadanos japoneses— y su aplicación práctica, que beneficia a toda persona residente sin distinción. Por eso, volvió a pedir que se legisle para que futuras ayudas se focalicen en los ciudadanos, especialmente si el propósito es proteger al «pueblo japonés», como indican los documentos oficiales.
“No hay coherencia entre el mensaje y la ejecución. Si se habla de proteger al pueblo japonés, que el dinero vaya realmente a ellos”, concluyó. (RI/AG/IP/)
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