El gobernador de la prefectura de Hyogo, Motohiko Saito, enfrenta una investigación judicial tras la aceptación de una denuncia penal presentada en su contra por presuntas violaciones a la Ley de Elecciones Públicas de Japón durante los comicios celebrados en noviembre. La denuncia, presentada por un grupo de abogados y académicos, alega irregularidades relacionadas con el uso de redes sociales y la contratación de una agencia de relaciones públicas para su campaña de reelección.
En la denuncia, se señala que la campaña de Saito utilizó una agencia de relaciones públicas en Hyogo para diseñar estrategias de difusión en redes sociales con el objetivo de potenciar su apoyo en internet. Según documentos públicos y publicaciones realizadas por el director de la agencia, esta proporcionó servicios como la creación de eslóganes, estrategias de difusión y gestión de cuentas en redes sociales.
En uno de estos mensajes, el representante de la agencia destacó su participación activa en la campaña: “Supervisé personalmente la estrategia de operaciones y la puesta en marcha de cuentas, trabajando con un equipo reducido pero eficiente”. Estas actividades, según los denunciantes, constituyen una violación de la ley, que prohíbe pagos relacionados con actividades de campaña directa en redes sociales, considerándolos una forma de «compra de votos».
LA DEFENSA DEL GOBERNADOR
La campaña de Saito habría pagado un total de 715.000 yenes (incluyendo impuestos) a la agencia de relaciones públicas. Estos pagos corresponden a conceptos como la creación de materiales gráficos (diseño de carteles, folletos y presentaciones de campaña), pero no incluyen explícitamente actividades relacionadas con redes sociales.
En una rueda de prensa realizada el mes pasado, el abogado del gobernador negó las acusaciones, afirmando que “no es cierto que se haya contratado a la agencia para gestionar las redes sociales ni para encargarse de toda la comunicación de la campaña”. Según el gobernador, las actividades relacionadas con la grabación y publicación de discursos en redes sociales fueron realizadas por voluntarios individuales, no por la agencia contratada. Además, Saito negó cualquier ilegalidad en el proceso.
EL PAPEL DE LOS DENUNCIANTES
La denuncia fue impulsada por Hiroyuki Uewaki, profesor de la Universidad de Kobe Gakuin, y Nobuo Gohara, abogado especializado en derecho electoral, quienes argumentan que las pruebas documentales demuestran una participación activa de la agencia en la estrategia de redes sociales. Según los expertos, los pagos realizados a la agencia pueden calificarse como un “acto de compra de servicios de campaña”, algo que está explícitamente prohibido por la Ley de Elecciones Públicas.
Uewaki y Gohara sostienen que los servicios de la agencia fueron esenciales para la campaña de reelección de Saito, lo que refuerza la idea de que el contrato no solo incluía la creación de materiales publicitarios, sino también la planificación y ejecución de la estrategia digital.
La policía de Hyogo y la Fiscalía de Distrito de Kobe confirmaron la recepción formal de la denuncia el 16 de diciembre. Con esta aceptación, se abre una investigación para determinar si las acciones del gobernador y la agencia contratada constituyen una violación de la normativa electoral. (RI/AG/IP/)
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