El gobierno de Corea del Sur, encabezado por el presidente Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial en todo el país la noche del martes. La medida, acompañada de un decreto emitido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su, prohíbe todas las actividades políticas, incluidos los actos de los partidos, protestas y reuniones públicas, con efecto inmediato desde las 23:00 horas del mismo día.
En su anuncio, el general Park justificó las severas restricciones argumentando la necesidad de proteger la democracia surcoreana y garantizar la seguridad ciudadana frente a lo que denominó «fuerzas antiestatales que amenazan con derrocar al país». Entre las disposiciones del decreto destacan:
- Prohibición de actividades políticas: Incluye cualquier tipo de iniciativa relacionada con la Asamblea Nacional, las asambleas regionales, los partidos políticos y la formación de organizaciones políticas.
- Control de los medios de comunicación: Todos los medios de comunicación y editoriales han sido puestos bajo supervisión estatal para evitar la difusión de noticias falsas, manipulación de la opinión pública o incitaciones falsas.
- Regreso obligatorio de médicos en huelga: Los médicos en formación que participan en paros laborales tienen un plazo de 48 horas para reincorporarse a sus funciones.
El decreto establece además que cualquier violación de la ley marcial permitirá la detención o el allanamiento sin necesidad de una orden judicial, otorgando amplias facultades al mando militar.
EL MANDO MILITAR
El general Park, un militar de cuatro estrellas, ha sido designado como comandante del mando de la ley marcial. Este cargo le otorga autoridad sobre los asuntos administrativos y legales del país durante la vigencia de la medida, con capacidad para implementar acciones extraordinarias como detenciones, incautaciones y limitaciones a las libertades civiles.
Aunque por ley el comandante de la ley marcial es supervisado por el ministro de Defensa, en este caso, la autoridad última recae directamente en el presidente Yoon debido a la extensión nacional de la medida.
La declaración de la ley marcial se produce en un momento de creciente tensión política y social en Corea del Sur. Las medidas adoptadas, que restringen severamente derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y protesta, han generado inquietud tanto dentro del país como en el ámbito internacional.
El gobierno asegura que las acciones son necesarias para proteger al país de posibles amenazas a la democracia. Sin embargo, críticos de la administración de Yoon ven en estas medidas un intento de consolidar el poder bajo la excusa de la seguridad nacional. (RI/AG/IP/)
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