Japón enfrenta una creciente controversia tras la aprobación en junio de 2024 de una reforma en la Ley de Control de Inmigración que permite cancelar la residencia permanente de extranjeros en caso de impago de impuestos o contribuciones al sistema de seguridad social. La medida, ampliamente criticada por organismos internacionales y defensores de los derechos humanos locales, amenaza con agravar la inseguridad entre los cerca de 90.000 extranjeros con residencia permanente en el país, dijo un artículo de opinión del diario Mainichi.
La nueva legislación ha sido calificada como «peligrosa y desproporcionada» por expertos y organizaciones, entre ellas el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que envió una carta de preocupación al gobierno japonés. Aunque el Ministerio de Justicia ha asegurado que solo aplicará la cancelación de residencia en casos de «impagos deliberados y graves», los críticos advierten sobre la posibilidad de una interpretación arbitraria del término «deliberado».
En Japón, donde obtener la residencia permanente requiere cumplir con estrictos requisitos —incluidos más de diez años de residencia continua y estabilidad económica—, los residentes permanentes han logrado este estatus tras superar rigurosos procesos. Sin embargo, la nueva normativa plantea dudas sobre la equidad de medidas que parecen dirigirse exclusivamente a extranjeros, mientras que existen alternativas como el embargo de bienes o procedimientos judiciales para abordar los impagos.
PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE
La reforma ha generado temor entre los residentes permanentes dijo Mainichi y citó el testimonio de Emma, una ciudadana estadounidense de 31 años nacida y criada en Tokio. «Si pierdo mi trabajo y no puedo pagar impuestos, ¿qué sucederá conmigo? Japón es el único hogar que conozco; no hablo inglés con fluidez y no tengo ningún vínculo con Estados Unidos», comentó.
Emma fundó en julio de este año un colectivo llamado «Asociación de Apoyo a la Residencia Permanente», que busca presionar al gobierno para que considere las circunstancias individuales de los afectados. Actualmente lidera una campaña de recogida de firmas en línea contra la reforma.
Los temores también se extienden a generaciones mayores. Una mujer china de 60 años, tercera generación nacida en Japón, resaltó los riesgos que la medida supone para personas mayores en situación vulnerable. «Muchos de mis amigos mayores podrían enfrentarse a dificultades para pagar impuestos. No tenemos otro lugar adonde ir», señaló.
UN PASO ATRÁS EN LA MULTICULTURALIDAD
Japón, cuya política migratoria ya es objeto de críticas por la escasa aceptación de refugiados y la rigidez de su sistema de visados, parece retroceder aún más en sus esfuerzos por promover la multiculturalidad. Hay un trato desigual de parte del Estado, incluso a los inmigrantes con más años de estadía en Japón, quienes más tiempo y penurias han pasado para construir puentes de entendimiento con la sociedad japonesa y quienes han permanecido en el país a pesar de las crisis económicas, cataclismos naturales y hasta la gravísima contaminación el accidente en la central nuclear de Fukushima en 2011.
Los analistas señalan que Japón corre el riesgo de perder su reputación como una sociedad comprometida con los derechos humanos.
En un contexto de estancamiento económico y envejecimiento poblacional, las políticas migratorias restrictivas podrían agravar la percepción de Japón como un país poco atractivo para el talento extranjero. La reforma no solo pone en peligro la estabilidad de los residentes permanentes, sino que amenaza con socavar la confianza de la comunidad internacional en el sistema legal japonés, concluyó Mainichi. (RI/AG/IP/)
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