Las escuelas y guarderías supervisadas por el gobierno de Japón deberán examinar los antecedentes de delitos sexuales de sus trabajadores y de los solicitantes de empleo.
Aquellos empleados con un pasado delictivo en el ámbito sexual deberán ser reasignados a puestos que minimicen su interacción con niños, incluyendo evitar que estén solos con un menor.
Si las medidas restrictivas no se consideran suficientes, la institución educativa podrá despedir al trabajador, señala Kyodo.
En el caso del solicitante de empleo, si la escuela o guardería descubre que tiene antecedentes avisará al individuo y le ofrecerá la opción de declinar la oferta laboral.
Estas disposiciones forman parte de un proyecto de ley que el gobierno aprobó el martes para proteger a los menores.
Los registros no solo incluirán delitos sexuales según el Código Penal; también violaciones de ordenanzas locales, como manoseo y exhibicionismo, detalla Asahi Shimbun.
Los antecedentes serán accesibles durante 20 años después de que los delincuentes cumplan sus penas de prisión, o 10 años después de la sentencia definitiva en los casos de penas suspendidas
El proyecto de ley forma parte de una legislación más amplia contra los abusos sexuales a menores cuya presentación en la Dieta está prevista para el actual periodo de sesiones.
El debate en el Parlamento, según Asahi, se centrará en cómo equilibrar la necesidad de proteger a los menores y el derecho constitucional a la libertad de ocupación.
Se espera que el nuevo sistema entre en vigor en 2026, revela Kyodo. (International Press)
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