La solicitud del Ministerio de Educación de Japón de una orden judicial de disolución de la Iglesia de la Unificación es una “demanda de pena de muerte”, según la organización religiosa.
La Iglesia está dispuesta a dar batalla legal contra el gobierno, dijo su equipo de abogados durante una conferencia de prensa cubierta por Asahi Shimbun.
Los abogados de la Iglesia sostienen que la interpretación de la Ley de Corporaciones Religiosas por parte del gobierno para solicitar la disolución está “completamente fuera de lugar”.
El gobierno japonés afirma que la iglesia debe ser disuelta debido a sus turbias prácticas que causaron importantes pérdidas financieras a sus seguidores.
Asimismo, asegura que los daños provocados por las fuertes donaciones continuaron después de que la Iglesia emitiera una declaración de cumplimiento en 2009.
Nobuo Okamura, jefe de la oficina de asuntos legales de la iglesia, dijo que eso no es cierto, y utilizó como argumento el hecho de que las quejas al respecto hayan disminuido en un 90 %.
Con referencia a la afirmación del gobierno de que la organización publicó un manual sobre la recolección de donaciones (evidencia de una práctica sistemática para sacar dinero a sus miembros), Okamura dijo que no han podido confirmar su existencia.
Okamura también negó que la organización pretenda transferir activos a su sede en Corea del Sur ante su posible disolución, un temor expresado por la Red Nacional de Abogados Contra las Ventas Espirituales, que apoya a las víctimas de la iglesia.
El jefe legal de la Iglesia aseguró que están respondiendo a todas las solicitudes de reembolso. (International Press)
