El japonés Tomaho Koyama migró a Filipinas antes de la Segunda Guerra Mundial. Se casó con una mujer filipina y tuvieron varios hijos.
En 1945, poco antes de que Japón se rindiera, Koyama fue capturado por soldados estadounidenses y deportado a su país.
En Filipinas se quedaron su esposa y sus hijos. Él murió en Japón en 1948.
Su hija Margarita Hiroko fue una de las tantas personas, hijas de migrantes japoneses, cuyos registros de nacimientos se perdieron durante la guerra.
Ni japoneses ni filipinos, eran apátridas.
Margarita inició una larga batalla legal para ser reconocida como japonesa, algo que logró en 2017 mediante el fallo favorable de un tribunal de familia de Japón.
En 2019 obtuvo un pasaporte japonés y decidió hacer realidad su anhelo de conocer la tierra de su papá.
Lo que Margarita desconocía era que tenía que pagar una multa equivalente a 35.000 dólares para poder salir de Filipinas, revela Kyodo.
Una sanción que tenían que pagar los nikkei sin patria como ella por vivir de manera ilegal en Filipinas desde su nacimiento.
Pero ya no más, pues el gobierno de Filipinas ha decidido abolir las multas, una medida que Margarita, de 82 años, celebra.
Ahora podrá conocer el país de su papá y visitar su tumba. Además, en Japón viven sus hijas.
Como Margarita, muchos no podían viajar a Japón (pese a haber conseguido el pasaporte japonés) por las elevadas multas.
Norihiro Inomata, representante del Centro de Apoyo Legal a Nikkeijin de Filipinas, estima que alrededor de cien personas, en su mayoría mayores de 80 años, podrán beneficiarse de la medida y viajar por fin a Japón.
“Es una gran noticia”, dijo Inomata a Kyodo, considerando además que “el tiempo se acaba” en alusión a la avanzada edad de los potenciales beneficiarios. (International Press)
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