La justicia de República Dominicana ordenó este martes 18 meses de prisión preventiva contra tres ex ministros sospechosos de corrupción en la llamada «Operación Calamar», que hasta el momento ha tenido 20 imputados.
Los exministros detenidos son Donal Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, para quien se dictó arresto domiciliario, además de otros tres funcionarios han sido detenidos.
Guerrero fue ministro de Hacienda, mientras que Peralta fue ministro Administrativo de la Presidencia, cuando el mandatario de la nación era Danilo Medina.
Castillo, quien en 2020 fue candidato presidencial en los comicios de 2020 por el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Obras Públicas, permanece en su casa tras pagar una garantía de 20 millones de pesos, cerca de 365.500 dólares.
También están detenidos el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi.
EXTRAJERON DEL ESTADO US$345 MILLONES
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de 3.000 páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17.000 millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones de pesos, unos 345 millones de dólares.
La procuradora fiscal, Rosa Alba García, destacó que 14 de los 20 imputados en la Operación Calamar han logrado acuerdos de confesión y colaboración con el Ministerio Público que ha permitido presentar ante el tribunal las pruebas para imponer prisión preventiva a los restantes seis imputados.
“Debido a la contundencia de las pruebas que soportan esta solicitud de medida de coerción, 14 de los imputados han acordado con el Ministerio Público la medida de coerción a imponer”, sostuvo la fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Entre tanto, la Procuraduría solicitará la designación de un juez especial para procesar al diputado Sergio Gory Moya, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), por su supuesta vinculación a esta red de corrupción.
Los colaboradores del caso revelaron que Moya formaba parte de un esquema de extorsión a oficinas de lotería, aunque el congresista ha negado la semana pasada las imputaciones que lo relacionan con una mafia. (RI/AG/)
