Puno, región fronteriza, continúa paralizada tras casi dos meses de violencia y disturbios permanentes que mantienen bloqueadas las principales vías. Entre las carreteras más afectadas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), está la Longitudinal de la Sierra Sur en dirección hacia Desaguadero (Bolivia), la vía que conecta Moquegua con Desaguadero y la que une Arequipa con Juliaca.
Esto a pesar de que producto de la declaratoria de emergencia, fueron trasladadas al lugar tropas del Ejército para apoyar en las acciones de control y desbloqueo de vías que hace la policía, pero encuentran una fuerte resistencia en ‘piquetes’ de vándalos que impiden el libre tránsito y el normal desarrollo de las distintas actividades comerciales del lugar.
Las pérdidas económicas en esta zona superan los 230 millones de soles y no se vislumbra una pronta solución al grave problema, a tal punto que el presidente de la Cámara de Comercio de la Producción de Puno, Francisco Aquise, ha tenido que acudir al representante de la OEA en Lima, Trinidad Miguel Ángel para expresar su preocupación por que el derecho al trabajo y al libre tránsito no se puede ejercer en Puno por el bloqueo de vías y las amenazas de los vándalos que impiden el desarrollo laboral.
“Peligra el puesto de trabajo de miles de personas y pueden efectuarse despidos”, refiere Aquise. Se ha espantado al turismo en la región y se ha dejado en la miseria a más de un millón de personas que han perdido su empleo y en otros casos han tenido que cerrar sus negocios. Sin embargo, estas cifras en rojo parecen no importar a los revoltosos que ahora amenazan con realizar la “segunda toma de Lima” en la primera semana de marzo.
Según la División de Seguridad Integral de la PNP que dirige el coronel Juan Carlos Ramos Galindo, uno de los organizadores de esta movilización que pretende crear el caos y el terror es Edgar Chura Mamani, presidente del Frente de Defensa del Sur y de los Recursos Naturales de Puno. Este ‘ciudadano’ ha sostenido reuniones con diversos gremios de Puno para acordar el traslado a la capital de los manifestantes, pero además, ha sido invitado por Castillo a Palacio de Gobierno en setiembre del 2021, según el registro de visitas del Despacho Presidencial, junto a otros 14 dirigentes de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI),y también estuvo muy activo en las marchas a favor de Walter Anduviri, ex gobernador de Puno y líder del Aymarazo.
Pero en Puno todos se conocen y aunque dicen que esta “segunda toma de Lima” estará a cargo de las comunidades aimaras, no puede ser que sus reclamos sean: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones, Asamblea Constituyente y liberación de Pedro Castillo. Es decir, sus reclamos son políticos, no hay demandas sociales.
Se han producido ya enfrentamientos entre quienes piden a gritos liberar las vías para desarrollar con normalidad sus actividades y quienes persisten en actos violentistas. Precisamente sobre esto la presidenta Dina Boluarte ha dicho que es momento de deponer las posiciones políticas pues sus pedidos no pueden ser cumplidos por el Ejecutivo pues escapa de su jurisdicción y, una vez más dijo que no renunciará al cargo de presidenta. Señaló que sí van a dar una reparación a las familias de los 17 fallecidos en los actos vandálicos producidos en el intento de toma del aeropuerto Manco Cápac de Puno en enero pasado.
A su vez, las autoridades locales y organismos vinculados al sector turismo de Puno coordinan acciones para reactivar el turismo comunitario en esta bella región del sur del país, rodeada del Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo (3.812 m.s.n.m), productor mundial de la inigualable quinua por su valor nutricional y uno de los primeros en el mundo en exportaciones de este cereal andino. En 2021 se exportaron al mundo 51,6 millones de kilogramos de este grano, colocándonos en primer lugar.
Puno no merece vivir esta agonía que lo mantiene paralizado. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene la obligación de imponer el orden y la autoridad y también tiene la responsabilidad de trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales y distritales para impulsar el desarrollo de todos los pueblos fronterizos del país.
No es posible que en pleno siglo XXI nuestros hermanos que viven en las zonas de fronteras tengan que cruzar el otro lado del puente para obtener los servicios que el Perú les niega. Esta es una gran oportunidad para empezar a cambiar la historia, no solo para los quechuas y aimaras que viven en Puno, sino también para los costeños (Tumbes, Tacna) y por supuesto de las comunidades indígenas que habitan en las fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil.
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