En julio de 2021, el Tribunal Superior de Fukuoka ordenó a ocho exestudiantes de una escuela de secundaria en la ciudad de Tosu pagar una reparación a un compañero de clase del que abusaron en 2012.
El fallo, sin embargo, no halló responsabilidad en la escuela, que quedó exonerada de compensar a la víctima, Kazui Sato.
Sato continuó bregando para que se profundizara la investigación de su caso y esta semana la junta educativa de Tosu, en la prefectura de Saga, lo reconoció como un “incidente grave”, informó Mainichi Shimbun.
Cuando era estudiante de primer año de secundaria en 2012, Sato recibió un disparo con una pistola de aire, fue objeto de violencia bajo el pretexto de “jugar a la lucha libre”, lo amenazaron con una cuchilla y le robaron dinero.
La Ley para la Promoción de Medidas para Prevenir el Ijime en Japón considera un caso como “grave” cuando la víctima ha sufrido un significativo daño físico o mental.
Las autoridades educativas acordaron que un grupo de personas independientes, entre ellas abogadas y médicas, investiguen el asunto.
La junta educativa de Tosu expresó su intención de arrojar luz sobre los abusos de 2012 y adoptar medidas para que casos similares no se repitan. (International Press)
