Nada más lejos de la verdad resultó el mensaje a la nación dado por el presidente Castillo la noche del miércoles luego de conocerse la carta enviada el pasado 12 de octubre a la OEA. En el documento firmado por Castillo y el canciller Landa se pide la intervención del organismo interamericano en aplicación de sus artículos 18 y 19 para tratar de invalidar la denuncia constitucional presentada en contra del mandatario por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides al Congreso de la República.
¿De qué tratan esos artículos de la Carta de la OEA? El artículo 17 se refiere a que un gobierno puede acudir a ese organismo para solicitar asistencia cuando vea en riesgo la preservación de la institucionalidad democrática o el ejercicio del poder. Y, el artículo 18 señala que cuando se produzcan situaciones que afecten el desarrollo del proceso democrático o del ejercicio del poder, a pedido de un gobierno, el organismo internacional en reunión del Consejo Permanente, tras una evaluación de los hechos podrá disponer de visitas al país para analizar la situación a fin de preservar la institucionalidad democrática. Y es lo que ha sucedido finalmente. Tras una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, donde estuvieron los miembros de la delegación peruana encabezada por el canciller Landa abogando por la presencia de la OEA en el país, se decidió mediante una resolución enviar al Perú en fecha próxima una delegación de alto nivel de la OEA para analizar la situación que se vive en el país.
Esperemos que sea así, que los miembros de la OEA que integren esta delegación se reúnan con todas las partes involucradas, pero además con representantes de la prensa peruana, la prensa extranjera en el país, los empresarios, las organizaciones sociales, las autoridades locales y regionales, los miembros del acuerdo nacional ¿y porque no? también con los miembros de las FFAA. Solo así se podrá tener una idea clara de lo que pasa realmente en el país. También sería oportuno durante esa visita de la OEA a Lima que el pueblo, al que tantas veces menciona Castillo en plazas y mensajes a la nación, se pronuncie libremente en las calles sin intervención amañada del gobierno.
Castillo tiene a sus amigos Almagro y compañía en la OEA a quienes ya los conocemos pues estuvieron en Lima degustando de nuestra variada gastronomía, bebiendo licor en grandes cantidades y celebrando con allegados al partido del lápiz cuando estuvieron en Lima para validar el desarrollo de las pasadas elecciones generales que dieron como ganador a Castillo, desoyendo las denuncias presentadas por los opositores por anomalías en el conteo de cedulas de votación. Recordamos el papel que jugó la OEA que hizo más turismo que función vigilante de un proceso electoral.
En paralelo con Castillo juegan los embajadores Harold Forsyth, Manuel Rodríguez Cuadros y César Landa que se prestan para este tipo de bajezas sin importarles la real situación que se vive en el Perú por causa de un presidente que desprestigia a la Nación con sus actos pero que ya el pueblo se ha dado cuenta y ha castigado con su voto en las pasadas elecciones locales a Perú Libre que no ganó ninguna municipalidad del país.
¿Qué busca Castillo con la intervención de la OEA? Traerse abajo la denuncia de la Fiscal de la Nación que lo sindica de ser el cabecilla de una organización criminal que usa el poder para cometer actos de corrupción y que el Pleno del Congreso de la República no pueda suspenderlo en sus funciones o vacarlo. Por eso, en su desesperación por aferrarse al poder y al ver que sus asesores en la sombra están detenidos y “cantando” ante la justicia para acogerse a la colaboración eficaz mientras otros siguen prófugos, Castillo nuevamente se victimiza ante el mundo para hacer creer que todos en el país están en su contra: el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, se han puesto de acuerdo para vacarlo según él.
Ante estos hechos el Ministerio Público rechazó en un pronunciamiento la politización de la justicia – de la que hace uso Castillo – señalando que la principal función constitucional del Ministerio Público es la persecución del delito. “Los fiscales investigan sobre la base de hechos y evidencias, con objetividad y respetando el debido proceso. Lineamientos respaldados por la Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de la Junta de Fiscales a nivel nacional y Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas”, señalaron.
Sobre estos hechos se pronunció el portavoz del Departamento de Estado de los EEUU Ned Price: “estamos dando seguimiento muy de cerca la situación política de Perú y creemos que la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático”.
También el Congreso de la República se ha pronunciado sobre el particular y ha dicho que no correspondía activarse la Carta Democrática de la OEA. Su presidente del parlamento peruano, Williams Zapata, respaldado por su directiva en pleno, cuestionó que no se haya activado el Consejo de Estado ni el Consejo de Seguridad ni de Defensa Nacional. La resolución de la OEA no afectará los procesos en el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Todos continuaran con el desarrollo de sus funciones. Así se espera el pronunciamiento del TC sobre la ampliación de la demanda hecha por el Congreso de la República en referencia a la interpretación del artículo 117 de la Constitución del Perú a propósito de la denuncia presentada contra el presidente Pedro Castillo Terrones por la Fiscal de la Nación.
