En enero, el Tribunal Superior de Fukuoka ratificó la condena de una aprendiz vietnamita, hallada culpable por ocultar los cuerpos de sus gemelos nacidos muertos.
La mujer colocó los cadáveres en un par de cajas de cartón, selló la parte superior y las mantuvo en su vivienda.
Mainichi Shimbun alude al caso de la vietnamita, que trabajaba en una granja en la prefectura de Kumamoto, para advertir en un editorial de que lo ocurrido es una “tragedia escrita por un sistema que con demasiada facilidad desprecia los derechos humanos de los trabajadores extranjeros en Japón”.
El diario introduce el escalpelo para ir más allá de la epidermis hasta el asunto de fondo: un sistema en el que una mujer extranjera oculta su embarazo por temor a ser despedida de su trabajo y deportada, sin saber que la ley japonesa prohíbe que una trabajadora sea echada por estar encinta.
Nadie le dijo a la joven vietnamita que no podía ser despedida por quedar embarazada. La mujer tampoco sabía que ninguna ley dice que si una extranjera queda encinta entonces debe ser deportada a su país.
Pese a que el Ministerio de Trabajo de Japón emite avisos a las organizaciones involucradas en la contratación de aprendices extranjeros sobre los derechos que estos tienen, en la práctica la realidad es otra.
En un periodo de alrededor de tres años, hasta finales de 2020, de 637 aprendices extranjeras que debieron dejar de trabajar debido a sus embarazos solo 11 recuperaron sus empleos.
El problema de fondo, subraya el diario, es el sistema en sí, un sistema que en teoría capacita a aprendices extranjeros para que al cabo de un periodo determinado apliquen en sus países lo que han aprendido en Japón.
En la práctica, sin embargo, el programa es una fuente de mano de obra barata en Japón.
“El sistema no tiene una estructura de apoyo para las aprendices que están embarazadas o dan a luz en Japón”, dice el medio.
Además de que sus salarios son bajos, es difícil que las aprendices puedan tomar permisos de maternidad pues sus contratos son cortos, por no hablar de las grandes dificultades que enfrentan para que sus hijos recién nacidos obtengan un estatus de residencia legal en Japón.
Por ello, “Japón debe eliminar el actual programa de aprendices extranjeros, que no es más que una fachada para un sistema que obliga a los aprendices a trabajar en malas condiciones”.
El país debe crear un nuevo sistema de reclutamiento de trabajadores extranjeros.
Volviendo a la vietnamita, condenada a una sentencia suspendida, Mainichi hace notar que la joven envolvió los cuerpos en toallas y escribió una carta con sus nombres y unas disculpas, y se pregunta si era necesario convertir el drama de la mujer en un caso penal.
La joven enviaba la mayor parte de su salario a Vietnam para mantener a su familia, así como para pagar la deuda de aproximadamente 1,5 millones de yenes (13 000 dólares) que contrajo para poder trabajar en Japón. (International Press)
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